• En México hay seis millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad: García Hernández (PT)
El diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, planteó reforma al artículo 8 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el fin de establecer en lugares públicos el apoyo de especialistas en diversas formas de comunicación para el auxilio y orientación a las personas con discapacidad.
La reforma planteada precisa que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios podrán celebrar convenios con los sectores privado y social, para establecer en locales de concurrencia pública el apoyo de especialistas en diversas formas de comunicación para el auxilio y orientación a las personas con discapacidad.
El documento, turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, señala que es necesario definir estrategias a aplicar, para revertir y prevenir aquellas acciones y actitudes que signifiquen discriminación a las personas con discapacidad, así como asegurarles el respeto irrestricto a sus derechos humanos, garantizándoles igualdad de oportunidades individuales y colectivas para su plena inclusión social.
“Es impostergable abatir la brecha de oportunidades para las personas con discapacidad, de suerte tal que este grupo de población pueda ejercer sus derechos a plenitud y que los obstáculos que prevalecen en razón de condiciones físicas, psicológicas y conductuales”.
Datos del Censo de Población y Vivienda de 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, menciona que en México hay seis millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9 por ciento del total de la población del país, de los cuales el 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento hombres.
El diputado Jesús Fernando García Hernández explica que las personas con discapacidad, al estar limitadas por su condición física y sensorial, requieren de ser atendidas con infraestructura de servicios y de asistencia personal, entre otros beneficios que les mejore su acceso a mayores oportunidades de integración, para hacer realidad los postulados a cargo de las instituciones públicas.