Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Asuntos Migratorios aprobaron por 50 votos a favor y uno en contra un dictamen que modifica la Ley de Refugiados, la Ley de Migración y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, incorporando definiciones de género y orientación sexual para proteger a solicitantes de asilo, refugiados y migrantes de discriminación.
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación recibió los estados financieros auditados y los informes académicos de 35 universidades públicas, en una sesión que contó con la participación de diputados y representantes de la ANUIES, destacando la transparencia y la rendición de cuentas como pilares del sector educativo.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social celebró una mesa de trabajo sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, en la que diputados y representantes de organizaciones subrayaron la necesidad de reformar la Ley Federal del Trabajo para garantizar empleos dignos, capacitación y oportunidades de desarrollo para este sector de la población.
La Comisión de Educación, encabezada por la diputada María del Rosario Orozco Caballero, aprobó un dictamen que incorpora la educación financiera y digital en los planes de estudio. Además, se aprobó la sustitución del término “vivienda digna” por “vivienda adecuada” en la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. El dictamen también rechazó siete iniciativas relacionadas con la salud mental.
La Comisión de Defensa Nacional aprobó reformas al Código Militar de Procedimientos Penales para incorporar lenguaje incluyente y actualizar la referencia al Congreso de la Ciudad de México, sin afectar la organización ni la disciplina del sistema de justicia militar.
El Fiscal General Ernestina Godoy Ramos anunció el aseguramiento de información y documentos en dos bodegas de la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que abrirá nuevas líneas de investigación contra una red de contrabando de combustible conocida como “huachicol fiscal”, y confirmó que 24 personas están vinculadas, de las cuales nueve ya han sido detenidas.
La diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, anunció que el próximo periodo legislativo será amplio, complejo y de gran relevancia para México, y pidió responsabilidad a ambas cámaras para garantizar seguridad, paz y prosperidad.
El diputado Ricardo Monreal Ávila anunció que el próximo lunes 31 de agosto se realizará la reunión preparatoria para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, justo antes del inicio de las sesiones ordinarias. También informó sobre la agenda legislativa, la entrega‑recepción del Segundo Informe de Gobierno y la situación comercial de Canadá con EE. UU.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, solicita a partidos e instituciones una ruta que garantice seguridad en Sinaloa, rechazando cualquier colusión con los cárteles y denunciando intentos de abuso de poder tras el término de los cargos públicos.
El diputado Gibrán Ramírez Reyes (MC) presentó una propuesta de reforma a la Ley del Seguro Social para ampliar la cobertura de prestaciones de salud a las trabajadoras del hogar, garantizando su acceso a los seguros de enfermedades y maternidad sin importar los días laborados. La iniciativa será remitida a la Comisión de Seguridad Social y busca eliminar restricciones actuales que limitan la cobertura al monto mínimo de cuotas. Con la reforma, se pretende que las personas trabajadoras del hogar tengan acceso continuo a servicios médicos durante todo el mes, aun cuando el pago de cuotas sea insuficiente.
El diputado del PRI, Abramo Masso, presentó una iniciativa que reforma el artículo 2941 del Código Civil Federal para establecer un plazo máximo de un mes natural para que los bancos liberen los créditos hipotecarios liquidados, imponiendo una sanción de 100 UMAS por día de retraso y una indemnización del 1 % del crédito total por mes de demora.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) presentó una iniciativa de reforma constitucional para anular elecciones federales o locales cuando se compruebe la intervención de la delincuencia organizada, argumentando que es una medida de seguridad nacional y defensa de la democracia.