La diputada Ruth Maricela Silva Andraca (PVEM) impulsa una iniciativa para que autoridades de los tres niveles de gobierno prevengan, atiendan y sancionen los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por delitos de violencia familiar y equiparada o por interpuesta persona, y cuando sean víctimas de humillaciones, amenazas, daño físico, psicológico, económico o patrimonial.
La reforma al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes precisa que las autoridades privilegiarán el principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar el ejercicio y pleno goce de sus derechos y garantías.
Silva Andraca argumenta que la finalidad es reconocer que niñas, niños y adolescentes dejen de ser solo instrumentos para ejercer la violencia y se les considere como personas que pueden ser víctimas directas de las tensiones existentes al interior del seno familiar.
Lo anterior no solo se trata de un acto u omisión dirigido contra hijas o hijos para causar perjuicio a las mujeres, sino también de un producto de las relaciones de violencia que puedan existir contra niñas, niños y adolescentes, por parte de los padres, con el fin de dañar a su pareja.
Refiriéndose a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que hay un capítulo que regula el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal de este sector, por lo que es pertinente que el Estado reconozca esta protección. El cuidado debe hacerse atendiendo en todo momento al interés superior de la niñez y la adolescencia.
Además, la iniciativa enviada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia considera fundamental reconocer la condición especial de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes y la compleja situación que vive este sector cuando sus progenitores o quienes ejercen la patria potestad y custodia tienen conflictos que terminan afectando su pleno desarrollo psicoemocional, situación que debería ser un aspecto que el Estado mexicano prevenga, atienda y sancione.
La diputada Ruth Maricela Silva explicó que la violencia por interpuesta persona o “violencia vicaria” se incorporó hace dos años a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil Federal y al Código Penal Federal.
Añade que en muchas ocasiones las niñas, niños y adolescentes sufren los embates del “fuego cruzado” que ejercen los hombres en matrimonio, concubinato o relaciones en contra de las mujeres, ocasionándoles daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier tipo.
Señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dejado en claro que, derivado de esas reformas, se reconoce que la mujer ha sido objeto de crecientes índices de violencia por razones de género, pero también de maltrato infantil en el seno familiar.
Por ello es importante que a las niñas y niños se les reconozca como sujetos de derechos para proteger su integridad física y psicológica. “No pueden solo tener el carácter de objetos o víctimas, pues ello limita el paradigma de respeto como seres humanos únicos y con dignidad humana”.
De ahí que resulta viable incorporar en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el reconocimiento a su protección en los casos de violencia por interpuesta persona como familiar.