Uno de los fenómenos crecientes en los últimos años, son las agresionessexuales que sufren las mujeres en las ocho regiones es de Oaxaca, por esa razón, la Diputada Liz Concha, Presidenta de la Comisión de Gobernación y Asuntos Agrarios de la LXV Legislatura local, propuso una iniciativa que busca inhibir delitos como estos que deterioran el tejido social.
“La violencia de género que se ejerce contra las mujeres puede tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada, tiene diferentes tipos y manifestaciones, siendo una de las más graves, la violencia sexual”, reveló la Legisladora por el Distrito 04 con cabecera en Teotitlán de Flores Magón.
Mientras hacía uso de la máxima tribuna de Oaxaca, explicó Liz Concha, que la violencia sexual, constituye un grave problema de salud pública y una grave violación a los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, sobre todo si se tiene en cuenta que Organización Mundial de la Salud, indica que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia sexual cometida por la pareja o por terceros en algún momento de su vida.Consecuentemente la violencia afecta negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las víctimas.
La Diputada oriunda de Cuicatlán subrayó las penosas cifras que ubican a Oaxaca entre las entidades donde más se padece dicho fenómeno: “lamentablemente en nuestro Estado, los delitos sexuales contra mujeres y menores de edad se han incrementado en los últimos años, ya que, de 4.6 víctimas al mes en 2020, pasó a 7.4 en 2021, es decir; en promedio, siete víctimas son atacadas sexualmente al mes, asimismo, de acuerdo a los datos recopilados en la “Plataforma Virtual del Feminicidio” de Consorcio Oaxaca, del 1de diciembre de 2016 al 18 de julio de 2021 se registraron 376 casos de delitos sexuales contra mujeres, de los cuales 226 fueron violaciones, 29 de acoso sexual y 121 de abuso sexual” y continuó con énfasis: “de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, en 2021 se iniciaron 1,929 carpetas de investigación por delitos sexuales, en tanto que de enero a noviembre de 2022, se han iniciado 1,914 carpetas de investigación por los mismos delitos, lo que pone al descubierto el incremento de la incidencia delictiva”, por lo que deben establecerse medidas que, desde la Ley, contribuyan a la prevención y sanción de ese delito, al mismo tiempo que coadyuven en una estrategia integral para inhibirlo, dijo Liz Concha.
Por lo tanto, la iniciativa busca la implementación de una medida que si bien, se ha aplicado en el mundo desde hace aproximadamente treinta años, en Oaxaca no existe un mecanismo eficaz que evite este y cualquier tipo de agresión contra las mujeres, de tal manera y para lograr el fin que se plantea; “contar con un registro de personas agresoras sexuales, permite tener una mejor vigilancia del fenómeno y con ello, atender las causas del problema, pero al mismo tiempo tiene una importante función preventiva, dado que, con tal registro, se permitirá tener sobre aviso a las probables víctimas, sino también inhibirá la incidencia o reincidencia de esta conducta delictiva” detalló Liz Concha.
Es importante considerar, aclaró la Diputada, que esa medida de seguridad debe imponerse una vez que cause ejecutoria la sentencia, esto porque resulta indispensable preservar el principio de presunción de inocencia; “además de que la propuesta se amplía a delitos como el feminicidio, cuando éste se comete por razones de género relacionados con aspectos de naturaleza sexual, así como la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, por lo tanto, resulta indispensable incluirla en el Código Penal para el Estado de Oaxaca”.
Concluyó Liz Concha especificando que;“la definición, integración y delimitación de competencia de la autoridad encargada de implementar, registrar, mantener actualizado y publicar el registro, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública implementar la política penitenciaria encaminada a cumplir los mecanismos para la reinserción social de las personas privadas de la libertad, corresponde por tanto a esa Secretaría las funciones relativas al registro de personas agresoras sexuales, tal y como se plantea en la presente iniciativa”.