• Reconocer a esta población como sujetos de derecho público y fortalecer la participación de estas comunidades en las decisiones, los objetivos
La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, presidida por la diputada Irma Juan Carlos (Morena), aprobó siete opiniones a igual número de iniciativas para reformar la Constitución Política y diversos marcos jurídicos, a fin de reconocer a esta población como sujetos de derecho público y fortalecer la participación de estas comunidades en las decisiones.
La propuesta promovida por el diputado de Morena, Pedro Sergio Peñaloza Pérez, para reformar el último párrafo del Apartado A del artículo segundo de la Carta Magna en materia de reconocimiento como sujetos de derecho público, fue aprobado con 24 votos a favor.
Con ello se instituye que “las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en cada entidad, así como las normas para su reconocimiento como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.
La iniciativa de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla (Morena) busca modificar el artículo tercero de la Constitución y establecer la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitar los privilegios de “una cultura sobre otra”, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. La opinión fue avalada, con modificaciones, por 25 sufragios.
Asimismo, con 24 votos, la Comisión aprobó la opinión a favor, con modificaciones, respecto a la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo de la diputada del PAN, Genoveva Huerta Villegas.
La siguiente opinión avalada con 22 sufragios, con cambios, fue respecto a la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, impulsada por la diputada del PT, Esther Martínez Romano, a fin de plasmar en el marco jurídico el reconocimiento a los pueblos afromexicanos.
También se acreditó con 26 votos a favor, la opinión, con modificaciones, relativa a la iniciativa para reformar el artículo 56 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, impulsada por la diputada del PAN, Anabey García Velasco y suscrita por las y los legisladores de su grupo parlamentario, para que los refugios para atender a mujeres de comunidades autóctonas y afromexicanas víctimas de violencia, cuenten con personal hablante en su lengua indígena.
Al respecto, García Velasco destacó la importancia de que cada refugio que atiende a mujeres indígenas violentadas pueda contar con un traductor en su lengua materna, porque llegan con sus hijos con una historia de dolor y no saben cómo dar a conocer sus vivencias para solicitar ayuda.
En este sentido, la presidenta de la Comisión explicó que la instancia sugirió una modificación a la iniciativa, toda vez que hay refugios que están fuera de zonas indígenas, pero también atienden a mujeres autóctonas y deben tener traductores de lenguas maternas.
Asimismo, las y los integrantes aprobaron con 23 votos, con modificaciones, la opinión respecto a la iniciativa para adicionar el artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de reconocimiento cultural de los pueblos indígenas e inclusión en la programación, a cargo del diputado del PT, Victoriano Wences Real.
La Comisión destacó incluir la preservación y el enriquecimiento de la diversidad cultural sustentadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Por último, las y los integrantes de la Comisión aprobaron con 23 votos la opinión, con modificaciones, relativa a la iniciativa para reformar el artículo 4 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de derecho a la ciudad, propuesta por la diputada de MC, María Elena Limón García.
En asuntos generales, la diputada del PT, Esther Martínez Romano presentó una iniciativa para declarar el 22 de diciembre como el Día Nacional para eliminar la violencia contra los pueblos indígenas y afromexicanos, a fin de conmemorar los hechos registrados en 1997 en Acteal, Chenalhó, Chiapas, donde hubo una lamentable masacre en contra de indígenas.
