Ciudad de México.- La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, presidida por la diputada Irma Juan Carlos (Morena), aprobó con 24 votos a favor cuatro opiniones a iniciativas para reformar igual número de leyes en materia de desarrollo forestal sustentable, equilibrio ecológico y protección al ambiente, defensoría pública, y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La primera opinión corresponde a la propuesta de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, presentada por la diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez (Morena), quien destacó que la pérdida de superficie forestal anual asciende en promedio a 208 mil hectáreas.
Sobre la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la opinión refiere que, en la aplicación de la política en esta materia y sus instrumentos, se atienda la prevención y el combate a la ilegalidad forestal; además, se actualicen las normas oficiales mexicanas en torno a su vigilancia y cumplimiento.
Asimismo, establecer la organización y la capacitación con perspectiva de género, se realicen campañas de difusión a través de documentos en lenguas indígenas, de acuerdo con las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública, con el fin de preservar estos recursos.
También para que exista una atención preferente a especies endémicas o nativas de las regiones, se combata la tala ilegal de árboles y se instituyan cuotas o volúmenes mínimos por mes para uso doméstico.
Respecto a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la opinión de la Comisión plantea garantizar a los pueblos afromexicanos la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mediante el impulso de proyectos productivos amigables con el medio ambiente.
La segunda opinión, que fue avalada con 25 votos a favor, concierne a la iniciativa que modifica el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, presentada por la diputada María el Rocío Corona Nakamura (PVEM), a fin de que los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas sean asistidos gratuitamente por intérpretes de su lengua materna.
La tercera opinión, también aprobada por 25 sufragios, se refiere a la iniciativa que reforma la fracción XI del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, promovida por el diputado Roberto Valenzuela Corral (PAN), con el propósito de incluir a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en los procesos de contratación pública.
Esta modificación permitiría a estos grupos formar parte integral de la dinámica actual y tener igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y humano de las regiones donde habitan, así como el acceso a mejores opciones económicas que mejoren su calidad de vida.
La cuarta opinión fue en sentido negativo, con 23 votos, y corresponde a la propuesta de reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de derechos patrimoniales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.