NADIA SANABIA
En septiembre de 2019, la saxofonista María Elena Ríos sufrió un cruento ataque con ácido en Oaxaca, un acto de violencia que sacudió a la opinión pública y que puso en el centro del debate la violencia de género en México.
La víctima acusó a Juan Antonio Vera Carrizal, un político y empresario local, como el autor intelectual del ataque. Vera Carrizal aún espera el juicio; sin embargo, la determinación de Ríos lo ubica como culpable. A él y a su hijo.
Los acusados niegan haber cometido el delito.
Y en cada ocasión que los jueces emiten alguna decisión con la que María Elena Ríos no está de acuerdo, ésta lanza acusaciones de corrupción contra el poder judicial, mismas que logran permear en una parte de la opinión pública, sin que los aludidos funcionarios del poder judicial logren, siquiera, exponer su versión.
Controversia y opinión pública
Desde entonces, el caso ha estado envuelto en una serie de controversias que han polarizado a la sociedad y han puesto en evidencia la compleja relación entre la justicia y la política. La opinión pública ha condenado a Vera Carrizal, en gran medida influenciada por las declaraciones y la activa presencia en redes sociales de Ríos, quien ha denunciado constantemente la corrupción y la falta de justicia en su caso, siempre de acuerdo con las solicitudes específicas que busca.
Cada decisión judicial que no ha estado en línea con sus expectativas ha sido recibida con acusaciones de corrupción y demandas de cambio en el sistema.
Dimensiones políticas y familiares
Sin embargo, la familia de Vera Carrizal sostiene que hay una dimensión política detrás de la acusación, argumentando que la familia Murat, particularmente José Murat, padre del entonces gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, tenía intereses económicos en sus empresas y que, al no ceder a sus demandas, se convirtieron en blancos de represalias políticas. Esta versión de los hechos sugiere que el caso de Ríos podría estar siendo utilizado como una herramienta de venganza política, en lugar de buscar justicia imparcial y objetiva.
Es crucial reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema endémico en México y que las víctimas merecen justicia y reparación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado deficiencias en la investigación y sanción de actos de violencia contra las mujeres, así como la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
Principios de justicia e imparcialidad
En este contexto, la lucha de Ríos por la justicia es legítima y necesaria. No obstante, la justicia debe ser ciega a la influencia política y mediática. La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho penal, y la condena pública de un acusado basada únicamente en la narrativa de una de las partes es peligrosa y contraria a los principios de un Estado de derecho. La politización de la justicia puede llevar a la búsqueda de chivos expiatorios en lugar de verdaderos culpables, y puede resultar en injusticias adicionales.
La situación de la familia Vera Carrizal, que ahora está liderada por mujeres debido a la encarcelación de Juan Antonio Vera Carrizal y la acusación contra su hijo, también merece atención. Si bien la narrativa de Ríos domina en las redes sociales y en la opinión pública, las acusaciones de abusos contra las mujeres de la familia Vera y la falta de apoyo de organizaciones feministas a su causa plantean preguntas sobre la equidad y la imparcialidad en la lucha contra la violencia de género.
Reparación y búsqueda de la verdad
La demanda de Ríos de una compensación de alrededor de 85 millones de pesos por reparación del daño es un aspecto más de este complejo caso. Mientras que las víctimas de violencia deben ser compensadas adecuadamente, la determinación de la cantidad debe ser justa y basada en criterios objetivos, no en la capacidad de una de las partes para influir en la opinión pública o en las autoridades. El caso de María Elena Ríos es un recordatorio de que la justicia debe perseguir la verdad y la reparación, no la venganza o la politización. Es esencial que el sistema judicial opere de manera independiente y se base en evidencia sólida y procedimientos justos. Las víctimas de violencia de género merecen justicia, pero esta justicia no debe ser a costa de la presunción de inocencia ni debe ser manipulada por intereses políticos. La sociedad debe apoyar a todas las víctimas de violencia, sin convertirse en verdugo de aquellos que aún no han sido juzgados de manera justa y equitativa.
