Como lo demanda el pueblo de Oaxaca, el Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso de actuar con responsabilidad, total apego a la ley y cero tolerancia a la impunidad en cada uno de los asuntos que le corresponde resolver, como es el caso del homicidio, en su modalidad de ejecución extrajudicial, en agravio del joven estudiante Diego Ignacio Paz, de 22 años de edad, y de lesiones hacia Christopher J.R.M.; estos hechos han causado consternación a nivel nacional.
Cabe resaltar que el asunto fue judicializado el pasado tres de septiembre, en donde se libraron órdenes de aprehensión contra varios elementos de la policía municipal de Santa Lucía del Camino, las cuales fueron ejecutadas el mismo día contra dos elementos policiales. Ambos señalados como presuntos responsables de los hechos ya fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio en su modalidad de ejecución extrajudicial, y lesiones; el primero, es un tipo penal recién creado en la legislación oaxaqueña.
Al respecto, el Poder Judicial informa respecto al proceso en curso, que se concedieron cinco meses para el cierre de la investigación por parte del Ministerio Público, y se impuso a los dos policías municipales imputados como medida cautelar la prisión preventiva, al encontrarse elementos suficientes para esta etapa procesal que permiten actualizar los tipos penales mencionados.
En estos momentos, el proceso se encuentra en la etapa de investigación complementaria y al concluir el tiempo establecido la Fiscalía General del Estado deberá formular acusación para continuar con las demás etapas del proceso penal; es decir, la intermedia, y posteriormente el juicio oral, donde se sancionará a los responsables de los delitos.
Para el Poder Judicial del Estado es prioritario aplicar todo el rigor de la Ley a responsables de delitos que atentan contra la integridad y la vida. Con esta encomienda, en la administración de la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, se trabaja en instrumentos, políticas, y acciones que involucran a diversas áreas en pro de buenas prácticas, como un aspecto fundamental en la institución, en la ruta de consolidar una justicia sensible, incluyente y accesible, con responsabilidad social.
Lo anterior, pugnando porque en todos los procesos se cumplan de manera eficiente los principios del debido proceso, y que bajo el principio de igualdad procesal se les dé a todas las partes la oportunidad de ejercer su derecho a la prueba y a la contradicción.