• Se deben garantizar mínimas condiciones de participación en el proceso extraordinario del Poder Judicial, afirman
• Diputadas y diputados piden explicar gasto para elección de jueces, magistrados y ministros
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que encabeza la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), se reunió con las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma Irene De la Cruz Magaña y Rita Bell López Vences, en el marco de las mesas de trabajo sobre el examen y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025.
Consejeras del INE
La consejera del INE, Norma Irene De la Cruz Magaña, subrayó que en 2024 se otorgaron poco más de 22 mil 550 millones de pesos y lo que se solicita para 2025 son 28 mil millones, donde se incluyen los gastos para la elección del Poder Judicial.
Detalló que lo que se pide para 2025 son: 13 mil 255 millones; para procesos electorales que solo son dos locales, en Durango y Veracruz, 867 millones; y para otros proyectos, mil 173 millones, lo que da un total de 15 mil 295 millones. Y si se suman los 13 mil 200 de la elección del Poder Judicial, el total que está pidiendo el INE son 28 mil 501 millones. Eso sin contar la consulta popular y las prerrogativas de los partidos.
Los 13 mil millones de pesos calculados para el proceso extraordinario del Poder Judicial, agregó, son para una elección del mismo tamaño que la federal del pasado 2 de junio, y requiere la instalación de poco más de 172 mil casillas, más de 50 mil supervisores y capacitadores electorales, que es un gran rubro que se lleva presupuesto.
Resaltó que el proceso electoral de 2024 costó cerca de 14 mil millones de pesos; entonces, este proceso electoral judicial extraordinario e inédito va a costar más o menos lo mismo, “pese a que hacemos una serie de medidas para reducir los costos, pero no podemos partir de base cero”.
Afirmó que el INE debe garantizar mínimas condiciones de participación “con las reglas que nos dieron ustedes” y que hay manera de reducir el gasto en la elección judicial, como contratar menos personal de capacitación o, en lugar de instalar 170 mil urnas cerca de las casas de los votantes, se pongan centros de votación.
Hay opciones, dijo, pero se requiere conocer el margen presupuestal para saber si se contratan a 50 mil personas o a menos. Es un impacto que debemos tener claro, porque los recortes en las diferentes áreas “no es una decisión que el INE pueda tomar solo”.
“Cuando nos dicen qué le pueden bajar, no Congreso de la Unión, ustedes, díganos cuántos recursos consideran indispensables, necesarios, para que el Instituto Nacional Electoral esté en condiciones de organizar un proceso con los estándares de calidad que la ciudadanía está acostumbrada. No es un asunto de pesos y centavos, es un asunto del valor, de cuánto cuesta la legitimidad de una elección judicial”, enfatizó.
Subrayó que su propuesta es tener un presupuesto suficiente y afirmó que se han tomado medidas de austeridad; “hemos adaptado cosas como la firma electrónica, las plazas que quedan vacantes no se van a ocupar. También hemos tomado medidas en el uso de recursos”.
En tanto, la consejera Rita Bell López Vences explicó que se pide mayor presupuesto porque se está atendiendo el mandato de la reforma que se hizo al Poder Judicial, por lo que hay cambios en la forma en la que se desarrolla la elección e implica una serie de actividades.
Se contemplan –dijo– mayores recursos por las situaciones que se tienen que prever, dado que sería la primera elección, es inédita y hay cambios en la logística, la mecánica y la metodología que se tiene que realizar. Por eso, es el presupuesto que se está solicitando, que “sí es más alto que el de 2024 con todo y que se tuvo una elección del Ejecutivo y del Legislativo”.
Comentó que el presupuesto del INE está conformado por un presupuesto base, mínimo, que se traduce en cubrir todos los gastos de la operación del Instituto, las actividades ordinarias y las de educación cívica, asambleas para la constitución de nuevos partidos.
Se trata, añadió, de un presupuesto que está alineado al plan estratégico del INE y cubre el conjunto de proyectos que se agrupan con base en objetivos estratégicos institucionales, así como un presupuesto precautorio que se considera para cubrir necesidades eventuales como la consulta popular y elecciones extraordinarias.
López Vences dijo que se va a legitimar a personas que van a impartir justicia en este país, y las y los diputados tendrán que decir qué se quita de lo que se propone.
Mencionó que se cuenta con componentes y herramientas de evaluación del presupuesto, así como propuestas de mejora, fortalecimiento e integración del presupuesto institucional, por lo que se prevé que no solo sea más económico, sino que mejore.
Puntualizó que la forma de ayudar al Instituto es que, si se reduce el presupuesto, que sea lo mínimo; esto, con el fin de asumir que, ante cada reducción, se tendrán que hacer ajustes. “Pediríamos que si piensan en reducir no sea drástica”.
Diputadas y diputados
En dos rondas de preguntas, respuestas y réplicas, las diputadas y los diputados de los seis grupos parlamentarios cuestionaron a las consejeras sobre la solicitud del presupuesto del INE.
Por Morena, la diputada Sonia Rincón Chanona observó que en el primer ejercicio electoral que se realizará para la elección de ministros, magistrados y jueces la austeridad debe ser una práctica que debe permear en la organización del proceso y el manejo de los recursos financieros. Pidió información sobre las medidas de austeridad que puede aplicar el Instituto en el contexto de la elección.
El diputado Daniel Andrade Zurutuza (Morena) manifestó que el anteproyecto se debe analizar con el INE para después no culpar al Congreso Federal de que no se hicieron bien las cosas o de que no salió avante la elección judicial. Estamos para ayudarnos e invertir el tiempo necesario para no irnos con dudas ni ver quién puede más, sino de sacar el compromiso y la responsabilidad que tenemos, que es parte de la democracia, respetándonos y dando las herramientas necesarias al INE para realizar sus funciones.
En tanto, la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) preguntó sobre las acciones que ha implementado el Instituto en materia de austeridad, principalmente en los rubros de gastos personales, alimentos, eventos, adquisición o arrendamiento de vehículos, e inmuebles. Asimismo, si la evaluación al personal de servicio civil de carrera la realiza un ente externo o personal del propio INE y qué previsión se tiene para complementar estas prerrogativas que tiene el personal.
La diputada Rafaela Vianey García Romero (Morena) consideró que se debe buscar que el presupuesto alcance y llamó a ajustarse a la Ley de Austeridad, porque es necesario que el recurso se vaya donde hace falta, que es la elección para el próximo año.
Del PAN, la diputada Nancy Olguín Díaz, afirmó que existe incertidumbre por saber cómo el INE va a garantizar el cumplimiento de todas las responsabilidades en un periodo de preparación reducido de cinco a seis meses. Solicitó información sobre qué margen tiene para hacer un recorte presupuestal y garantizar que la elección no tenga un gasto elevado para la ciudadanía. Además, si existe la certeza de una elección con amplia participación.
El diputado del PVEM, Mario Alberto López Hernández, recordó que en la elección pasada se eligieron alrededor de 20 mil personas y el próximo año solo se van a elegir más de 800, por lo que pidió explicar con base en qué se solicita el incremento y si están en condiciones de hacer un ajuste al presupuesto, además de tener eficiencia y eficacia económica.
A su vez, la diputada Cindy Winkler Trujillo (PVEM) destacó la importancia de ponerse de acuerdo con el INE porque hoy más que nunca se busca que la ciudadanía no se limite a ejercer su derecho al voto. “Queremos que la votación suba, que los ciudadanos salgan a votar, que el presupuesto sea suficiente, eficiente y transparente para que esta elección avance. Por supuesto que estamos dispuestos a ayudar. Sí hay que reajustar el presupuesto”.
El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM) informó que las preguntas que no hayan sido desahogadas por las consejeras se solicitarán de forma escrita, de conformidad con los artículos 163 y 202 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que solicitó que sean entregadas en un plazo no mayor a 24 horas, pues dicha información podrá ser considerada para la elaboración del dictamen correspondiente.
Por el PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores resaltó que el presupuesto del año pasado para el INE, que hubo elección federal, fue de 32 mil 767 millones de pesos y ahora es de 40 mil 476 millones 56 mil 755 pesos, por lo que trae un incremento nominal de 7 mil 709 millones 19 mil 728 pesos.
El año pasado, detalló, se eligieron 20 mil 708 cargos y ahora con la elección del Poder Judicial se van a elegir 881 cargos. Entonces, sí está “un poquito exagerado el incremento en el presupuesto que ustedes están planteando”. Pidió justificarlo.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) preguntó qué programas están directamente relacionados con los recursos que la elección del próximo año requiere y cómo se justifica su aumento para un presupuesto incluso mayor que el de 2024 cuando se realizó la elección más grande en la historia del país. Pidió compartir qué medidas y políticas de austeridad está aplicando el Instituto.
En su turno, el diputado Mario Zamora Gastélum (PRI) pidió conocer la metodología, herramientas técnicas y criterios utilizados para determinar que los 13 mil millones de pesos son necesarios para la organización de la elección, el impacto en caso de no aprobarse, si se podría organizar con cifras distintas, y si estos recursos podrán ser auditados por el Órgano Interno de Control.
El diputado Jericó Abramo Masso (PRI) consideró que hoy el problema es buscar presupuesto para que el INE organice elecciones transparentes, democráticas, equilibradas y eficientes. “Estamos metidos en un problema porque no se quiso dar tiempo para la explicación, también metemos en problemas al INE y a la presidenta de la República quien tendrá que recortar a salud y educación para poder cumplir este capricho”.
También del PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar dijo que al INE le adjudicaron la responsabilidad de la elección judicial y manifestó su preocupación por el desarrollo de elecciones amplias y de calidad, con un buen nivel de participación para tener mejores resultados y legitimidad de juzgadores. Preguntó qué afectaciones habría en caso de que se decidiera una reducción drástica a su presupuesto y qué áreas se afectarían.
De MC, la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas consideró que la propuesta del INE es razonable en términos de la prórroga de tiempo y de presupuesto. Cuestionó cuáles son los principales riesgos identificados sobre la integridad del proceso de la elección judicial para asegurar que sea con estándares y criterios a que obliga la Constitución y los mínimos necesarios para ello.