NADIA SANABIA/PERIODISTAS OAXACACA
Oaxaca de Juárez, Oax. – En la conferencia matutina del pasado lunes, el gobernador Salomón Jara lanzó una fuerte advertencia contra los despachos fiscales y asesores contables que, en lugar de apoyar a los municipios, terminan defraudándolos y desviando los recursos públicos.
El gobernador Salomón Jara explicó que muchos presidentes municipales contratan asesores fiscales con el objetivo de obtener un mejor aprovechamiento del presupuesto. Sin embargo, estos asesores terminan imponiendo a sus propios contadores, quienes toman el control de los recursos, dejando al cabildo sin capacidad de decisión, es decir, corrompen o defraudan a los presidentes municipales, acusó el gobernador, refiriéndose a cómo estos actores externos terminan manipulando el destino del dinero que debería beneficiar directamente al pueblo.
El mandatario anunció que su gobierno exhibirá públicamente a los despachos involucrados en estos esquemas de corrupción y que incluso se presentarán denuncias contra asesores contables que estén defraudando a los municipios.
En este mismo tenor, el secretario de Gobierno, Jesús Romero, reveló que se detectaron al menos tres municipios en los que los presidentes municipales y los síndicos han pactado entre ellos el reparto de obras públicas y los recursos derivados de las mismas. En algunos casos, incluso reparten por adelantado qué constructora se quedará con cada obra, lo que ha generado disputas internas y conflictos sociales cuando los acuerdos se rompen.
Uno de los casos más delicados se encuentra en el municipio de Amatlán, donde existe una disputa por el manejo de los recursos destinados a un camino rural. El conflicto involucra no solo a autoridades municipales, sino también a asesores externos y constructoras.
Romero informó que han detectado a 30 municipios donde contadores impuestos por despachos fiscales manejan el token.
El Gobierno del Estado advirtió que no tolerará estas prácticas y que se tomarán medidas legales para sancionar a quienes estén utilizando los recursos públicos para beneficio personal, en lugar de destinarlos al desarrollo de las comunidades.