Al concluir una audiencia en Colima el 15 de abril de 2025, el juez federal oaxaqueño Óscar Javier Mendoza Altamirano depuso públicamente su toga y presentó su renuncia “por dignidad”, al rechazar la reforma que obliga a elegir por voto popular a jueces y magistrados, advirtiendo que su cargo no es su voto ni sus promesas
NADIA SANABIA
El 15 de abril de 2025, al término de una audiencia pública en el Centro de Justicia Penal Federal del estado de Colima, el juez Óscar Javier Mendoza Altamirano, originario de Oaxaca, se despojó de su toga frente a compañeros y personal judicial y anunció su renuncia “por dignidad”. Señaló que no puede legitimar un proceso donde “un juez no tiene nada que ofrecer a los votantes” y calificó de “espurio” el discurso que pinta a los jueces federales como corruptos.
Esta decisión se enmarca en la reforma constitucional de septiembre de 2024, impulsada por el gobierno federal, que establece que todos los jueces federales, magistrados y ministros de la Suprema Corte serán electos por voto popular, limita la protección del juicio de amparo y modifica los mecanismos disciplinarios del Poder Judicial.
El proyecto fue aprobado en el Senado la madrugada del 11 de septiembre de 2024, con fuertes críticas sobre su idoneidad y el calendario de implementación .
El proceso electoral extraordinario para renovar el Poder Judicial de la Federación se celebrará el 1 de junio de 2025. En esta primera etapa se elegirán 881 cargos:
- 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
- 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF
- 15 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral
- 5 integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial
- 464 magistrados de circuito
- 386 juezas y jueces de distrito
La reforma ha desatado un choque de poderes sin precedentes, con al menos 70 suspensiones provisionales concedidas por jueces federales de 15 estados para frenar su implementación.
Organismos de magistrados han exigido al INE detener la organización del proceso hasta que se resuelvan los amparos.
Expertos advierten que someter la carrera judicial a la “tómbola electoral” amenaza la autonomía de los juzgadores y fortalece el control político sobre el Poder Judicial.
Además, la logística electoral enfrenta retos enormes: errores en datos de candidatos han atrasado la impresión de millones de boletas, y se prevé la participación de más de 4 000 aspirantes en campañas que arrancaron el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo.
El INE ha diseñado seis boletas de distintos colores, con medidas de seguridad y voto por número de identificación de cada candidato.
La renuncia de Mendoza Altamirano —uno de los pocos jueces federales de origen oaxaqueño en activo— fortalece la crítica de que la reforma representa un retroceso en la independencia judicial y un intento de la 4T por controlar los tres poderes del Estado.
Su gesto se suma a un clima de tensión y cuestionamiento sobre el futuro de la justicia en México.