En la sesión vespertina semipresencial de este lunes, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT), presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, fundamentó el dictamen a la iniciativa que expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
Mejía Berdeja expuso que el documento fue presentado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y es reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política, que obliga a todos los órdenes de gobierno a implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios que establece la ley.
El artículo 73 le otorga a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Unión esa facultad “y hablamos de una ley nacional, no una ley general ni una ley federal”. Y esta reforma a la Constitución fue aprobada por unanimidad el pasado 19 de marzo y publicada en el Diario Oficial de la Federación. “No más corrupción, no más trámites engorrosos e innecesarios, es el reclamo ciudadano”.
Este esfuerzo no solo está orientado a beneficiar trámites de negocios o empresariales, como fue en su momento la Ley General de Mejora Regulatoria. Esta ley es para toda la ciudadanía y para todos los mexicanos”, afirmó.
“Quita trámites tardados, duplicados e injustificados, quita múltiples ventanillas, que los ciudadanos tuvieran que llevar copia certificada a cualquier gestión. Hoy, con esta ley se establecerá la “Llave MX” como un mecanismo único de autentificación para el acceso a todos los trámites y servicios, precisó.
Adicionalmente, resaltó, la Clave Única de Registro de Población será el identificador principal ligado a esta Llave MX, lo que implica homologar registros, integrarlos de manera automática y eliminar la duplicidad.
Comentó que se instituye el expediente digital único, que no es otra cosa que la plataforma de información personal en la que la ciudadanía podrá depositar, consultar y actualizar de manera segura todos sus documentos para ser utilizado en cualquier trámite en el país, sin necesidad de volver a presentarlo una y otra vez en múltiples ventanillas.
También, expresó, se crea la ventanilla única digital y el catálogo único de trámites y servicios. La ejecución de esta ley recaerá en la Agencia de Transformación Digital, cuya función será estratégica para dar asesoría y orientar a las dependencias hacia la interoperatividad de todos los sistemas.
Esa Agencia y la facultad que tiene, añadió, surge del decreto que se aprobó por unanimidad. Esta legislación se ciñe al ámbito de competencia nacional y su objetivo es que esto permee en todo el país, “porque así lo ha pedido el pueblo de México”.
“No más actas de nacimiento solicitadas cinco veces. No más filas interminables para presentar documentos que ya obran en poder de las autoridades. No más archivos que se pierden en la burocracia y en la corrupción. No más costos ocultos. No más utilización de papel y más digitalización. Por eso, esta ley también tiene virtudes medioambientales y ecológicas”, puntualizó.
El diputado Ricardo Mejía puso énfasis en que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, será obligación de todos los órdenes de gobierno consultar de oficio la información que ya posee el Estado mexicano, evitando requerirle de nuevo al ciudadano, “porque esto se presta a la corrupción, porque esto se presta a una burocracia obsoleta que lastima la eficiencia que quiere la población. Se prohíbe de manera expresa solicitar documentos que ya estén en archivo y base de datos”.
Con esta ley, aseguró, se pasará del Estado de papel al Estado digital, del ciudadano suplicante al ciudadano empoderado, del trámite eterno al servicio inmediato, y con la ley México se coloca a la vanguardia en materia de gobierno digital. “Tendremos una administración pública más eficiente. Porque menos trámites es más libertad. Porque menos burocracia es más justicia”.
Desechan moción suspensiva
En votación económica, el Pleno desechó moción suspensiva de la diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) quien pidió retirar la reforma por considerar que le falta consulta pública, participación ciudadana y no mide los riesgos y las problemáticas que se dejarán de hacer por eliminar todo lo que ya se había avanzado en mejora regulatoria. Además, dijo, está sujeta nuevamente a una falta de análisis, violaciones del proceso legislativo y a una falta de consulta a usuarios y expertos.