Oaxaca de Juárez, mayo de 2025 — En la Central de Abasto, uno de los puntos neurálgicos de la capital oaxaqueña, se llevó a cabo recientemente el “Operativo Pescador”, una acción coordinada por el Municipio de Oaxaca de Juárez en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Este operativo tuvo como objetivo principal atender y proteger a las personas en situación de calle que habitan en esta zona, brindándoles asistencia y canalización digna a albergues y servicios sociales.
Los datos oficiales se vieron sobrepasados; las estadísticas indicaban que en la ciudad de Oaxaca sobrevivían unas 230 personas en situación de calle, de las cuales 125 se encontraban en la Central de Abasto… sin embargo, en las primeras dos intervenciones, se rescataron a 416 personas en esta condición.
Es evidente que urgen acciones concretas por parte de las autoridades para garantizar los derechos humanos de este sector vulnerable de la población, en lugar de mantenerlos en el abandono.
El “Operativo Pescador” no solo representó una medida de asistencia social, sino también una respuesta jurídica y humanitaria del Estado. La inacción frente a la situación de las personas en situación de calle podría constituir una omisión grave por parte de las autoridades, vulnerando su derecho a una vida digna y a la protección social.
Durante el operativo, se identificaron casos de personas desaparecidas y presuntos delitos, lo que llevó a una coordinación estrecha con la Fiscalía del Estado para su atención y seguimiento. Esta colaboración interinstitucional permitió abordar de manera integral las problemáticas detectadas, fortaleciendo la respuesta del Estado ante situaciones de vulnerabilidad y riesgo.
El “Operativo Pescador” sienta un precedente importante para otros municipios del país, demostrando que es posible implementar acciones coordinadas y respetuosas de los derechos humanos para atender a las personas en situación de calle. Es fundamental que las autoridades locales asuman su responsabilidad en la protección de los sectores más vulnerables, garantizando su acceso a servicios básicos y oportunidades de reintegración social.
La implementación de operativos como el “Pescador” no solo responde a una necesidad social urgente, sino que también cumple con las obligaciones legales del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Su ejecución adecuada y respetuosa puede servir como modelo para otras localidades que enfrentan desafíos similares.