La Comisión Permanente aprobó un dictamen con punto de acuerdo de la Primera Comisión “Asuntos Políticos e Internacionales”, por el que exhorta a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Relaciones Exteriores (SRE) para que continúen fortaleciendo acciones encaminadas a robustecer los mecanismos en materia de prevención, control, fiscalización y erradicación del tráfico y uso ilegal de armas de fuego.
A la Sedena le hace un llamado para que siga fortaleciendo acciones tendientes a robustecer los mecanismos de registro, destrucción y trazabilidad de las armas incautadas o decomisadas, mediante protocolos que prevengan su posible reingreso al circuito ilegal, incluyendo medidas como el uso de tecnologías de verificación y la emisión de informes periódicos de consulta pública, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Conmina a la SRE para que, en coordinación con el Representante Permanente de México ante la ONU y el embajador de México en los Estados Unidos de América, continúen impulsando las acciones diplomáticas, jurídicas y políticas orientadas a fortalecer la cooperación bilateral e internacional en materia de combate al tráfico ilegal de armas, así como otras acciones conjuntas que contribuyan a mejorar los controles fronterizos y reforzar los canales de cooperación judicial y regulatoria.
En las consideraciones del dictamen, la Comisión coincide con las proposiciones sobre “la circulación incontrolada de armas de fuego ilegales” como uno de los principales factores que alimentan la violencia en México, ya que las armas de fuego son herramientas del crimen organizado, y una falta de orgaización y coordinación entre los niveles de gobierno y entre países.
Hace mención que estas proposiciones abordan el problema desde dimensiones complementarias: como la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de control, fiscalización y destrucción de armas incautadas, y una dimensión internacional del tráfico transfronterizo, exigiendo responsabilidad jurídica a quienes facilitan dicho comercio ilícito desde fuera del país.
Menciona que las tres proposiciones analizadas identifican una falla crítica en el sistema actual y mientras se continúan asegurando armas no hay garantías de que estas sean destruidas adecuadamente o que no vuelvan a circular por vías ilegales. Además, el problema trasciende las fronteras nacionales, por lo que no puede enfrentarse únicamente con medidas domésticas.
De ahí la importancia de que las propuestas se complementen: el combate a la violencia armada en México requiere tanto el fortalecimiento de los controles internos (transparencia, rendición de cuentas, destrucción documentada) como la exigencia diplomática y legal hacia Estados Unidos, que es el principal país de origen del armamento utilizado por los grupos criminales en México, añade.
Precisa que la magnitud del tráfico ilegal de armas hacia México ha alcanzado niveles alarmantes. De acuerdo con estimaciones del Colegio de México y del Small Arms Survey, entre 200,000 y hasta 873,000 armas de fuego ingresan cada año al país a través de canales ilícitos. Esta cifra, plantea la necesidad de establecer mecanismos más eficaces de prevención, rastreo y responsabilidad internacional.
Al respecto, resulta fundamental que el Estado mexicano continúe impulsando acciones legales contra las empresas estadounidenses fabricantes de armas que, mediante prácticas negligentes han contribuido al desvío sistemático de armamento hacia grupos delictivos en territorio nacional.
Refiere que la Secretaría de la Defensa Nacional ha confiscado más de 28,000 armas de fuego. Por ello, se plantea la necesidad de fortalecer los controles internos para garantizar la destrucción efectiva del armamento asegurado, y acciones diplomáticas, jurídicas y legislativas internacionales para frenar el flujo ilícito de armas frente a una de las mayores amenazas a la seguridad y los derechos humanos en México.