- El evento denominado “Mesa de trabajo hacia una reforma colaborativa para la seguridad vial de motociclistas”, fue encabezado por la diputada Mercado Castro (MC)
La presidenta de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, Patricia Mercado Castro (MC), señaló que hoy se enfrenta un desafío crucial sobre cómo equilibrar la seguridad vial con la protección de las personas usuarias de motocicletas, pero sin caer en la prohibición ni en la sobrerregulación.
En el marco de la “Mesa de trabajo hacia una reforma colaborativa para la seguridad vial de motociclistas”, destacó que se debe partir de la premisa de que cada muerte y lesión grave en las calles es prevenible, ya que el dilema de la motocicleta no puede resolverse con restricciones excesivas ni con indiferencia.
Sin embargo, aclaró que no se pueden invadir las facultades de estados y municipios, pero la Ley General sí puede convertirse en una luz en el camino para los reglamentos de tránsito, con criterios homologados que eviten contradicciones y arbitrariedades.
“Lo que buscamos no es la sobrerregulación o la prohibición, sino una normativa útil, práctica y con capacidad de dar soluciones para salvar vidas y así superar la visión generalizada de que son vehículos riesgosos, para convertirlos en instrumentos que permitan una mayor calidad de vida”, expuso.
Ante representantes de organizaciones de motociclistas, dejó en claro que esta reunión no es para una conclusión sino para abrir la discusión y hacerle frente al tema, ya que la Ley General de Movilidad dice algo y no necesariamente es explícito en cuanto a las motocicletas, sino lo menciona como vehículo motorizado particular, lo cual no es suficiente para el derecho a la movilidad segura de las personas que las usan.
Especificó que la regulación no debe entenderse como un castigo sino como la garantía de un derecho a la movilidad segura y a la integridad física de todas las personas; “regular no es restringir, es proteger, reconocer que la motocicleta llegó para quedarse, pero bajo reglas que salven vidas”.
A su vez, la diputada Mayra Espino Suárez (PVEM), secretaría de la Comisión de Movilidad, indicó que este foro representa la oportunidad para iniciar los trabajos y reducir los siniestros provocados por motociclistas, pues en los últimos diez años aumentaron en un 163 por ciento los accidentes viales provocados por motocicletas.
Con base en ello, estableció que el gobierno, los grupos de motociclistas, especialistas en movilidad y la sociedad civil están obligados a impulsar leyes que busquen la reducción al máximo de esta mortalidad, y puedan convivir todos los medios de transporte público en un entorno seguro.
Por su parte, el senador Emmanuel Reyes Carmona (Morena) dijo que el propósito de este encuentro es avanzar hacia una propuesta legislativa ciudadana que responda con eficacia a los retos actuales de la seguridad vial de motociclistas, y que influya para que toda persona transite de forma segura por calles y avenidas.
La diputada de MC, Alejandra Margarita Giadans Valenzuela, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco, dijo que aunado a la regulación de las motocicletas se debe sumar el de los patines eléctricos, ya que cada día se abren más carpetas de investigación por siniestros cometidos principalmente por menores de edad.
Por ello, consideró urgente crear una propuesta conjunta entre autoridades, fabricantes y motociclistas para frenar este problema que cada día cobra más vidas.
Al clausurar el evento, la diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara (Morena) comentó que se seguirán desarrollando más mesas de trabajo donde participen expertos y motociclistas. Agregó que hace falta hacer más convocatorias y acudir a los estados, a fin de recabar y recopilar las opiniones y propuestas para llevar a cabo esta reforma en beneficio de los motociclistas.
Participación de invitados
Sergio García Romero, director de Movilidad Zona III del Estado de México, dijo que el problema de las motocicletas no es nuevo, se viene presentando desde hace varias décadas, pero ahora se le ha dado otra connotación porque son usadas para otros fines. Se pronunció por una regulación urgente, porque de lo contrario esta actividad primaria de motociclistas seguirá desvirtuándose.
En su oportunidad, la directora general de Política Territorial y Movilidad, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Janet de Luna Jiménez, subrayó que el crecimiento exponencial en el número de motocicletas revela que existe una deficiencia en el transporte público que no está siendo accesible, adecuado, de calidad y que solucione las necesidades de movilidad de las personas, por lo que el gobierno no debe perder de vista esta responsabilidad.
La doctora Estrella Albarrán Suárez, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, dijo que esta dependencia reconoce que la motocicleta se ha convertido en una herramienta de trabajo y en el único medio de transporte disponible y accesible para muchas familias; sin embargo, también representa riesgos. Ante ello, la Secretaría de Salud promueve la estrategia “Piensa, lleguemos a salvo”, que contiene acciones clave para identificar los datos que salvan vidas.
Vía telemática, la doctora Vivian Pérez Jiménez, asesora de Enfermedades no Transmisibles de la Organización Panamericana de Salud, subrayó que el uso acelerado de motocicletas ha transformado la dinámica de la movilidad urbana y una crisis silenciosa de salud pública, lo cual exige que haya una respuesta legislativa firme basada en evidencia y alineada con principios de salud pública.
La asesora senior de The Global Health Advocacy Incubator, Valentina Ochoa Vivanco, presentó un estudio de esa organización donde plantea acciones encaminadas a salvar vidas basadas en evidencias, entre ellas reducir el consumo de alcohol, fomentar el uso correcto del casco certificado y sancionar a quienes no lo usen, así como controlar la velocidad.
La presidenta de Motoclub Dorado, Ada Mirna Silva Rico, se pronunció por integrar en la Ley General el término “motociclista”, debido a que actualmente este sector carece de identidad jurídica, con lo que se demuestra que es un grupo vulnerable.
Subrayó que en lugar de gastar en cámaras o radares de velocidad que solo generan multas, se debe invertir en sistemas de seguridad que protejan a la ciudadanía, como cámaras de seguridad que rastreen vehículos robados para su inmediata recuperación.
Oswaldo Castañeda Martínez, activista de Motoclub Dorado, consideró que si no se tienen claras las modificaciones que se requieren hacer a la Ley, será imposible generar políticas públicas asequibles; de ahí la importancia de determinar los mecanismos que promuevan la sensibilización, la formación y la cultura vial.
La codirectora de Céntrico, Alejandra Leal Vallejo, apuntó que México tiene el compromiso de reducir en 50 por ciento las muertes viales para 2030, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que esta mesa de trabajo contribuye a que se cumpla este objetivo.
Aseguró que la reforma en la materia tiene que ser muy puntual y enfocarse en cambios que se traduzcan en mejoras dentro de las leyes estatales y reglamentos de tránsito o instrumentos de política pública.
Xavier Treviño Theesz, fundador y codirector de Céntrico, al presentar la Agenda de Acción para eliminar muertes y lesiones viales graves en motocicletas en México, dijo que la combinación de bajo costo, agilidad y eficiencia que dispara la demanda de motos también eleva la exposición al riesgo en un sistema que no ha sido diseñado ni regulado para absorber ese crecimiento.
Recalcó que en materia de muertes viales, el 60 por ciento son jóvenes de entre15 a 34 años, promedio de edad más bajo que las registradas en automóviles y en peatones. Añadió que entre el 57 y 65 por ciento de los fallecidos son por colisiones con otro vehículo, derrapes y caídas, 21 a 34 por ciento por choques con objeto fijo, y salidas de camino entre nueve y 13 por ciento.
Ante esta situación, demandó acciones que eviten este tipo de pérdidas humanas, que pueden ser prevenibles con las debidas medidas de seguridad, pues nadie tiene que morir por usar motocicleta.
Participación de representantes de organizaciones de motociclistas
Integrantes de organizaciones, asociaciones civiles, comités, movimientos y consejos de motociclistas, manifestaron la importancia de que el tema de los seguros se regule, a fin de que tengan una responsabilidad civil vasta y suficiente para pagar la atención médica de los motociclistas.
Consideraron necesario regular el tema de licencias, que se proteja al motociclista, se reforme el Código Penal para que las personas que roban motocicletas no salgan de la cárcel y que en las leyes se respeten los derechos humanos.
Plantearon la creación de un Instituto Nacional de Movilidad y dentro del mismo instaurar un departamento de motociclismo, además de incluir en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial la definición de motociclismo y de motocicleta eléctrica ligera, así como tratar temas de micromovilidad.