- La tragedia evidenció fallas operativas, ausencia de seguros y generó fuerte presión sobre autoridades y empresa responsable, mientras familias aún esperan atención médica urgente.
Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2025.- La tarde del 10 de septiembre ocurrió una explosión devastadora en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, Iztapalapa, cuando una pipa que transportaba 49,500 litros de gas LP volcó y generó una nube de combustible que se encendió, generando una onda expansiva que alcanzó más de 30 vehículos y decenas de peatones.
El saldo oficial al mediodía de hoy asciende a seis personas fallecidas y 90 lesionados, de los cuales 23 permanecen en estado crítico. Las víctimas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado, afectando principalmente a habitantes de la colonia Santa María Acatitla y transeúntes. Los heridos han sido trasladados, algunos en estado grave, a múltiples hospitales, donde persiste una atención prioritaria mientras familiares denuncian la saturación y falta de información.
El origen del desastre se localiza en una falla de la línea de distribución de la pipa, subsidiaria de la empresa Silza del Grupo Tomza, que según la autoridad regulatoria no contaba con pólizas de seguro vigentes ni registro actualizado desde junio. El chofer, gravemente herido, permanece hospitalizado. La Fiscalía General de Justicia de CDMX ha iniciado una investigación por posible negligencia y daño ambiental, con sanciones en proceso para la empresa transportista.
Las reacciones ciudadanas han sido de indignación, dolor y solidaridad con las víctimas, mientras cientos de vecinos relatan el terror vivido y la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia. Organizaciones civiles y líderes vecinales han exigido mayor regulación y vigilancia en el transporte de hidrocarburos en zonas densamente pobladas.
Actores políticos, encabezados por la Jefa de Gobierno Clara Brugada y la secretaria Myriam Urzúa, han supervisado personalmente la atención, prometiendo una investigación a fondo y asistencia integral para las familias afectadas. La presión crece sobre autoridades locales y federales para endurecer los controles y sanciones ante negligencias similares, mientras usuarios en redes denuncian reiterados hechos y reclaman justicia.