Piden que universidades privadas entreguen título profesional a sus egresados en un plazo máximo de 90 días

by | Nov 10, 2025 | Legislativo, Nacional, Portada

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de noviembre de 2025.— La diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés (PVEM) presentó la iniciativa No. 2713 para modificar el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior y establecer un plazo máximo de noventa días naturales para que las instituciones particulares expidan certificados, diplomas, títulos profesionales y grados académicos, contados a partir del cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos por parte del egresado.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, argumenta que el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la educación y a un trabajo digno, asegurando la entrega oportuna de títulos profesionales para evitar que retrasos administrativos impidan la inserción laboral de las y los egresados.

En el documento la diputada Licerio Valdés señala que el mayor rezago en la expedición de títulos se concentra en escuelas particulares, donde uno de cada cuatro egresados no obtiene su título en tiempo razonable. Denuncia problemas estructurales en los procedimientos administrativos, falta de supervisión efectiva y escasa rendición de cuentas de universidades con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

La iniciativa enfatiza que egresados han esperado dos o tres años, e incluso más, sin recibir su título profesional, lo que dificulta su contratación en empleos formales o el acceso a posgrados, generando incertidumbre y vulnerando derechos fundamentales.

Con la reforma se busca llenar un vacío legal y fomentar la eficiencia administrativa de las instituciones de educación superior, garantizando el derecho de las y los egresados a ejercer su profesión en condiciones de igualdad y justicia, así como respetar los derechos humanos y fortalecer el marco normativo de la educación superior en México.

La propuesta plantea que la obligación de expedir títulos en 90 días promoverá transparencia, responsabilidad institucional y evitará que las demoras se usen como mecanismo que obstaculice la incorporación de jóvenes al mercado laboral o el acceso a estudios de posgrado.