- Establece sanciones más severas para quienes trafiquen o comentan delitos contra los migrantes
La Comisión de Asuntos Migratorios, que preside la diputada, Marcela Guerra Castillo (PRI), aprobó por mayoría dos dictámenes que reforman la Ley de Migración, para incrementar las penas por tráfico ilícito de migrantes y sustituir el salario mínimo por Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como en materia de atención y prevención del delito.
El primer dictamen, reforma el artículo 159 relativo al tráfico de migrantes, para establecer que la pena, que actualmente es de ocho a 16 año de prisión y multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo, sea de 10 a 20 años de prisión y multa de 12,500 a 40,000 veces el valor diario de la UMA.
Asimismo, modifica el artículo 161 referente a la responsabilidad de servidores públicos, cuya pena vigente es de cuatro a ocho años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo, y la Comisión propone que sea de cinco a diez años de prisión y multa de cinco mil a diez mil veces el valor diario de la UMA.
La propuesta de reforma, presentado por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) y el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI), tiene como objetivo fortalecer el marco jurídico en materia de migración, mediante el incremento de las penas privativas de libertad y sanciones económicas aplicables al delito de tráfico ilícito de migrantes, así como armonizar las multas conforme a la UMA, en lugar de salario mínimo.
La Comisión consideró procedente aprobar el dictamen por estimar que las propuestas fortalecen la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, desincentivan el tráfico ilícito de migrantes y armonizan el marco jurídico nacional.
Incorporar perspectiva de género en la atención migratoria
El segundo dictamen modifica los artículos 30 y 31 de la Ley de Migración, en materia de atención y prevención del delito contra mujeres migrantes, de acuerdo a una iniciativa presentada por la diputada Clara Cárdenas Galván (Morena).
La legisladora propone actualizar el término de “Instituto Nacional de las Mujeres” por “Secretaría de las Mujeres”, así como “Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” por “Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural”.
De igual forma, incorporar la perspectiva de género en la atención migratoria, añadir expresamente la prevención de la violencia contra mujeres migrantes en las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres, y fortalecer la capacitación en igualdad de género para autoridades migratorias.
Para este tema, la Comisión consideró que el dictamen no genera impacto presupuestario federal conforme a la opinión técnica del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, por lo que otorgó su aprobación, pues asegura que estas reformas son necesarias para fortalecer la atención institucional a mujeres migrantes, prevenir la violencia en su contra y actualizar el marco legal.
Al respecto, la diputada promovente, Clara Cárdenas, aseguró que en cada rincón del país las niñas, niños, adolescentes y mujeres continúan siendo las principales víctimas de violencia de género pasando por encima de los derechos humanos, porque la violencia no tiene fronteras.
Destacó que esta iniciativa impulsa las acciones y participación de la Secretaría de las Mujeres, que será importante para la atención y protección de mujeres en contextos migratorios; por eso, es necesario avanzar con reformas que permitan que niñas, niños, adolescentes y mujeres tengan una vida libre de violencia de género, laboral, simbólica, explotación sexual y trata, independientemente de su nacionalidad.
Punto de acuerdo
Adicionalmente, la Comisión avaló en sentido positivo el dictamen con punto de acuerdo que plantea solicitar al secretario de Educación Pública, Mario Martín Delgado Carrillo, que por conducto del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), implemente un programa especial de certificación de competencias laborales.
Estará dirigido a migrantes centroamericanos y de habla hispana, a través de sedes en las principales ciudades fronterizas del norte de México, como medida humanitaria y preventiva frente a los riesgos sociales derivados de la espera prolongada.
La propuesta, impulsada por la diputada Nadia Yadira Sepúlveda (Morena), argumenta que la frontera norte de México se ha convertido en un punto de espera prolongada para más de 120 mil personas migrantes, principalmente de Centroamérica, quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad, ocio forzado y riesgo de explotación laboral, sexual o reclutamiento por grupos delictivos.
La falta de acreditación de competencias laborales impide su inserción productiva durante su estancia en México, pero CONOCER, como órgano desconcentrado de la SEP, cuenta con el andamiaje técnico y normativo para certificar habilidades laborales con validez oficial en todo el país, lo que puede mejorar la empleabilidad de las personas migrantes incluso en contextos internacionales.
Con base en ello, la diputada Sepúlveda manifestó que este punto de acuerdo es una herramienta que permitirá implementar dicho programa para certificación de competencias laborales, con la finalidad de convertir el tiempo de espera de los migrantes en una oportunidad, ya que la mayoría de ellos posee grandes habilidades.
Agregó que muchos son albañiles, electricistas, cocineros, agricultores, tienen un oficio en sus manos, pero carecen de un papel que los avale, por lo que con este programa se les dará un documento oficial y el certificado convertirá su experiencia en un pasaporte para un trabajo digno.
Por su parte, la diputada Marcela Guerra destacó que el punto de acuerdo contribuye a todo por lo que se ha venido luchando desde de la Comisión, y a lo que tiene que ver con el ocio forzado o el riesgo a una explotación laboral; es decir, abona para evitar este tipo de riesgos, por lo que anticipó que su voto sería a favor.
Participación de diputada y diputados
El diputado Aniceto Polanco Morales (Morena) expresó que la protección de los derechos humanos de los migrantes es una obligación moral, jurídica y política; sin embargo, es necesario establecer sanciones que sean acordes al delito para ser aplicadas, ya que la ley genera acciones para prevenir y erradicar delitos en materia de trata de personas y proteger a las víctimas de cualquier tipo de delito.
Consideró importante fortalecer las atribuciones de las secretarías e instituciones competentes, con la finalidad de brindar una atención integral y especializada, en particular para las mujeres migrantes quienes enfrentas situaciones de vulnerabilidad severa durante los procesos migratorios.
Indicó que promover la certificación y el reconocimiento de competencia de los migrantes, es apostar a una sociedad más incluyente, solidaria y productiva, en la que todas las personas sin importar su origen, puedan contribuir al bienestar de la sociedad.
A su vez, la diputada María Damaris Silva Santiago (Morena) precisó que es importante proteger a los migrantes que vienen de retorno o que pasan por nuestro país, y por eso las dependencias de gobierno se deben enfocar en ellos para brindarles a poyo.
Precisó que México no puede mantener una política de doble moral y doble estándar; es decir, no se pueden pedir oportunidades para los migrantes en Estados Unidos y, al mismo tiempo, negárselas a nuestros hermanos sudamericanos y centroamericanos, por lo que es importante que se articulen áreas como CONOCER para crear nuevas herramientas y certificaciones.
Del PAN, el diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas señaló que las propuestas tienen como finalidad poner fin a la actividad de quienes lucran con la necesidad y el sufrimiento humano, porque el tráfico de migrantes es un crimen que destruye vidas, desintegra familias y alimenta las redes del crimen organizado.
Por su parte, el diputado César Israel Damián Retes (PAN) anunció su voto a favor del resolutivo porque se reconoce el deber del Estado mexicano hacia la comunidad migrante; sin embargo, se debe avanzar hacia una reglamentación más firme para que este programa no quede al capricho de la Secretaría en turno, sino como un mandato legal.