Fernando Schütte Elguero
En buena parte de América Latina, y particularmente en los gobiernos populistas de izquierda (aunque también en los de derecha), se ha instalado una estrategia política que gira en torno a la división social. Esa división no es accidental, sino deliberada. El lenguaje inclusivo, la manipulación de categorías identitarias y el uso de etiquetas como “progresistas” y “conservadores” se han convertido en herramientas de un proyecto que busca separar a la población para mantener el control del espacio público.
El caso del lenguaje es emblemático. Se promueve llamar “la presidenta” en lugar de “la presidente” (que es el ente que preside), como si la realidad dependiera de una vocal. Se insiste en modificar estructuras gramaticales que el español ha mantenido por siglos, no por una evolución natural, sino por una intención política. Los hombres no han pedido que al periodista se le diga periodisto. Sin embargo, el gobierno empuja este tipo de usos argumentando que quienes no los adoptan son conservadores, intolerantes o enemigos del progreso.
La etiqueta es lo importante, no el razonamiento. El lenguaje se convierte en un campo de batalla emocional donde el poder decide quién es “bueno” y quién es “malo”, quién pertenece al grupo del progreso y quién al bando de los reaccionarios. Esta lógica afecta la convivencia y fractura la sociedad en identidades rígidas que ya no dialogan entre sí.
Esta misma narrativa fue utilizada para enfrentar la marcha del N15. Desde el poder se repetía, una y otra vez, que quienes convocaban eran “los conservadores” (como si esa palabra invalidara su derecho a manifestarse, a criticar y a exigir). Lo que se buscaba era deslegitimar la inconformidad antes de que siquiera ocurriera, sembrando en el imaginario que marchar era un acto ideológico y no un reclamo ciudadano legítimo.
A pesar de ello, la respuesta fue masiva. Cerca de 350 mil personas marcharon en la Ciudad de México y en el resto del país. No eran solo conservadores ni solo progresistas; eran ciudadanos hartos de un gobierno que, en lugar de unir, divide, y que en lugar de escuchar, confronta. La marcha reveló que la sociedad ya no acepta las etiquetas que el poder intenta imponer.
La reacción gubernamental fue lamentable. La policía golpeó a ciudadanos desarmados (hombres y mujeres que solo llevaban consigo su dignidad y su inconformidad). Ese uso de la fuerza no fue accidental; fue coherente con la lógica divisoria del régimen. Si el adversario es “conservador”, entonces es legítimo reprimirlo. Si no adopta el lenguaje impuesto, entonces merece ser silenciado.
Todo estaba diseñado para la confrontación, desde la ruta, hasta la ausencia de revisiones hacia el bloque negro. Tampoco es aceptable la violencia en contra los policías, pero solo mencionarlos a ellos como víctimas, es otra vez una forma de descalificar y señalar.
El hilo conductor entre el lenguaje inclusivo y la marcha es claro: el poder ha convertido la división en su método de gobierno. Pero la marcha del 15 también dejó ver algo más profundo (y esperanzador). Las etiquetas en el discurso gubernamental ya no funcionan. La sociedad empieza a reconocerse a sí misma más allá del discurso oficialista. Y cuando un pueblo deja de aceptar las categorías que lo fragmentan, comienza a recuperar la fuerza que puede cambiar su destino.
Seguir en una actitud maniquea, no abona ni a la razón, ni a la solución. En México los que aquí vivimos reconocemos los problemas y sabemos que solo el gobierno puede enfrentar a la criminalidad que campea por todo el territorio nacional. Ya no vale la pena culpar al pasado, hay que dar soluciones y buscarlas en el presente, con responsabilidad de estadista.
@FSchutte
Consultor y analista