Concesionaria ha advertido a la secretaria de Movilidad: si no renuevan en sus términos, paralizarán el transporte en Valles Centrales con marchas y bloqueos
NADIA SANABIA
El proyecto tenía más de una década flotando en el limbo burocrático con las permanentes sospechas de corrupción y chanchullo. Sexenio tras sexenio, gobernador tras gobernador, el reordenamiento del transporte en Oaxaca era esa promesa que se repetía en discursos y moría en la opacidad de los acuerdos no escritos con el pulpo camionero. Hasta que se reformuló y firmó el contrato con Banobras. Cumplir o pagar 1,200 millones de pesos del erario público.
Yesenia Nolasco Ramírez llegó a la Secretaría de Movilidad y Transporte con un encargo claro del gobernador Salomón Jara: hacer funcionar el Binnibus o devolver el dinero. No había término medio.
“Si no implementábamos la ruta troncal, el gobierno del Estado iba a regresar alrededor de 1,200 millones de pesos”, explica la secretaria. La cifra no es retórica: es el monto del contrato firmado hace dos años con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, un convenio que exigía resultados concretos o la devolución íntegra del financiamiento.
Cuando Nolasco revisó el expediente, encontró avances técnicos, estudios de rutas, incluso el interés inicial de las cinco concesionarias. Pero conforme se actualizó el modelo de negocio —es decir, cuando quedó claro que cada quien no podría imponer sus propias condiciones— el consenso se fracturó. Tres concesionarios aceptaron entrar; dos, Tucdosa y Choferes del Sur, permanecen afuera.
La Ley que nadie quería cumplir
Las razones de la exclusión no son caprichosas. Choferes del Sur está en proceso de renovación de concesión, pero no ha presentado todos los requisitos que exige la ley. Uno de ellos: exhibir todas las unidades que ampara la concesión. Tucdosa apenas inició su trámite.
“La ley no me permite renovar con propuestas de buena voluntad”, advierte Nolasco. “Hay que cumplir los requisitos”.
La advertencia no es gratuita. En administraciones pasadas, funcionarios fueron denunciados —algunos encarcelados temporalmente, otros exonerados— por entregar concesiones irregulares. El fantasma de Aurora López Acevedo, quien dirigió la Secretaría de Transporte en el gobierno de José Murat y fue acusada junto con otros funcionarios por la entrega irregular de 8 mil concesiones de taxis, todavía flota en los pasillos de Semovi.
“Nosotros no vamos a hacer nada fuera de la ley”, insiste la titular. “No es que seamos cuadrados, sino que se tiene que cumplir con todos los requisitos. Si anteriormente no lo hacían, esa no es nuestra responsabilidad”.
La tajante declaración tiene contexto: actualmente circulan en los Valles Centrales unidades que rebasan los diez años de servicio —algunas datan de 1980— en franca violación a la norma. Las concesionarias que no participan en el Binnibus continúan operando, pero su situación legal pende de un hilo cada vez más delgado.
Las múltiples mesas de trabajo que nadie vio
Lo que el ciudadano común percibe —autobuses nuevos circulando por avenidas conocidas— es apenas la superficie de una ingeniería institucional que involucró a decenas de dependencias.
La Secretaría de Infraestructuras rehabilitó las estaciones: Viguera, la intermedia del Parque del Amor, los accesos, las paradas de la ruta troncal. Seguridad Pública instaló cámaras en todo el recorrido. Los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán desplegaron policías. La Secretaría de Honestidad vigiló procesos. El Servicio Estatal del Empleo reclutó y capacitó choferes. Etcétera.
“Hubo mesas de hasta 30, 40 personas para poder implementar el sistema”, recuenta Nolasco. Y luego vino una parte que la población malinterpretó: quince días de autobuses circulando vacíos, aparentemente sin sentido, mientras críticos subían a redes teorías de despilfarros de gasolina en trayectos fantasma.
“Fue un programa de capacitación”, aclara la secretaria. “Los chóferes tenían que reconocer la ruta, hacer bien las vueltas, tomar bien el radio, conocer el camión, saber cómo actuar en ciertos casos. Por eso se vieron circular 15 días antes de la implementación, lo que también se anunció de manera previa”.
La transparencia del proceso contrasta con décadas de opacidad en el manejo del transporte urbano. Pero también expone la fragilidad política del proyecto: cualquier error operativo alimenta la narrativa de quienes tienen intereses en que el sistema fracase.
La guerra que se pelea en las pantallas
En redes sociales existe una campaña sistemática contra el Binnibus. Cuentas que atacan a las unidades nuevas, a comunicadores que hablan neutral o favorablemente del proyecto, incluso a usuarios que comparten experiencias positivas de viaje.
“Es evidente de dónde viene”, señala esta comunicadora en la entrevista, y la secretaria no necesita confirmar lo obvio. Pero sí aclara: “Nosotros en la implementación del sistema no hemos hecho ninguna campaña de comunicación social para que la ciudadanía acepte el Binnibus. El sistema es aceptado por la propia necesidad. Como el transporte es un servicio básico, tiene una gran aceptación, y derivado de esto hay un rechazo contra quienes se oponen. Eso no se ha orquestado desde el gobierno, es un sentir de la ciudadanía”.
La aceptación orgánica tiene su razón de ser: ocho pesos de tarifa subsidiada, asientos preferenciales que se pintarán de rosa para uso exclusivo de mujeres, cámaras de vigilancia dentro y fuera de las unidades, protocolos contra el acoso que ya han atendido cuatro casos reportados.
“La ciudadanía merece ser transportada en unidades dignas, seguras, donde no haya acoso contra las mujeres dentro del transporte, donde las mujeres se sientan seguras”, dice Nolasco enunciando un derecho básico que durante décadas se normalizó como privilegio inalcanzable.
Las amenazas que llegaron a la mesa
En las reuniones con concesionarias, Nolasco ha escuchado lo que podría considerarse advertencias apenas veladas. Algunas socias —no todas, aclara— le han dicho que si no renuevan las concesiones en sus términos, paralizarán el transporte en Valles Centrales. Marchas, bloqueos, la coreografía habitual del pulpo cuando siente amenazados sus intereses.
La respuesta de la funcionaria es jurídica y política a la vez: “Están en su derecho siempre y cuando no violenten la ley y no perjudiquen a terceros. Nosotros respetamos la libre manifestación siempre que no haya retención de personas, que no afecten vialidades. Si eso sucede, nosotros como gobierno también vamos a actuar de manera jurídica”.
No es retórica vacía. El pulpo camionero tiene historial de bloqueos, incrementos unilaterales de tarifas, presión política ejercida con el peso de miles de unidades detenidas en cruces estratégicos. Pero también tiene historial de impunidad rota: aquel ex secretario preso, las acusaciones que llegaron a tribunales aunque terminaran en exoneraciones, el desgaste público de un modelo que ya no convence a nadie más que a quienes lucran con él.
El Pacto que podría existir
Nolasco dice estar abierta al diálogo. “Estamos en la disponibilidad de generar un nuevo pacto por el transporte en Valles Centrales. Estamos para escuchar, tenemos toda la disposición”. Pero —y aquí está el punto de quiebre— “tiene que haber seriedad de hacer propuestas que estén dentro de la ley”.
Va a haber un programa de chatarrización. Algunas concesionarias podrán participar. Pero no será suficiente para todas, y habrá quienes tendrán que hacer sus propios esfuerzos para adquirir unidades nuevas si quieren seguir en el negocio.
Son decisiones empresariales, no favores políticos.
Quedan pendientes deficiencias estructurales que competen a los municipios: alcantarillas rotas, luminarias apagadas, vialidades en mal estado. Semovi es la dependencia normativa que coordina, pero el éxito del sistema requiere que cada actor institucional cumpla su parte.
“Reconocemos que hay deficiencias”, admite la secretaria. “Los municipios tienen que ponerse las pilas para ir mejorando desde alcantarillas hasta luminarias dentro de todas las rutas del Binnibus”.
Están por iniciar mesas de trabajo para revisar cómo va la operatividad. El proyecto avanza con dos meses de funcionamiento de la ruta troncal, con estadísticas de usuarios crecientes, con una apuesta política que podría consolidarse o desvanecerse dependiendo de factores que escapan al control de una sola secretaría.
Pero por primera vez en décadas, hay autobuses nuevos circulando. Hay cámaras funcionando. Hay protocolos contra el acoso. Hay una tarifa accesible. Hay, en suma, la posibilidad de que el transporte público en Oaxaca deje de ser sinónimo de indignidad.
Mil doscientos millones de pesos era el costo del fracaso. El costo del éxito todavía está por verse.