El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) certificó el pasado jueves 19 de diciembre la validación de 518 mil 979 firmas de apoyo ciudadano para activar la consulta de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz, un ejercicio sin precedentes en la historia democrática del país a nivel estatal.
Esta cifra representa el 86.06 por ciento de las 717 mil 290 solicitudes entregadas al organismo electoral. Los apoyos validados cumplen con el requisito de dispersión territorial al registrarse en 569 de los 570 municipios de la entidad; el único municipio sin registros fue San Juan Tabaá.
Jara celebra el proceso
Tras la certificación, el gobernador Salomón Jara Cruz celebró la noticia en sus redes sociales, recordando que desde el inicio de su administración promovió este mecanismo. “Con este tipo de ejercicios gana el pueblo, la democracia y se fortalece la participación ciudadana”, escribió el mandatario, quien ha sostenido estar dispuesto a dejar el cargo si la ciudadanía así lo decide.
Un precedente nacional
Oaxaca se convierte en la primera entidad federativa en activar una consulta de revocación para un gobernador en funciones. El único antecedente nacional fue el ejercicio del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022. El proceso fue impulsado por la plataforma “Que Siga la Primavera”, la cual destacó que el movimiento surgió de la sociedad civil organizada.
Detalles de la consulta
De acuerdo con el convenio entre el INE y el IEEPCO, la jornada electoral se realizará el 22 de enero de 2026. La pregunta que encontrarán las y los ciudadanos en las urnas será:
“¿Estás de acuerdo en que al Gobernador del Estado se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?”
Las opciones de respuesta serán: 1) Que se revoque el mandato por pérdida de la confianza, o 2) Que siga en la Gubernatura.
Inversión y contexto jurídico
El presupuesto para este ejercicio asciende a aproximadamente 99 millones de pesos, aunque el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero señaló que, con economías del órgano electoral, el gasto real para el estado rondará los 65 millones de pesos.
Cabe destacar que el proceso avanzó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara disposiciones restrictivas de la ley local en noviembre pasado, facilitando la participación ciudadana a pesar de los cuestionamientos de partidos de oposición sobre la presunta intervención del Ejecutivo en la recolección de firmas.