La Fiscalía no ha explicado qué hizo exactamente este hombre para ser detenido y encarcelado por terrorismo
NADIA SANABIA
Rafael León lleva veinte años haciendo lo mismo: llegar a donde hay sangre, humo o fierros retorcidos, y contar lo que observa. Nota roja en Coatzacoalcos, esa franja del sur veracruzano donde el crimen organizado manda y el Estado negocia o se hace el distraído.
La madrugada del 16 de diciembre grabó un choque en el malecón. Una mujer perdió el control de su auto, se estampó contra un carro estacionado, tumbó una moto. Nada del otro mundo para un reportero nocturno. Lo transmitió en vivo, como siempre, como muchos otros periodistas lo hacen en todo México.
Entonces apareció otra mujer. No venía del accidente; venía por él. Le reclamó una cobertura vieja, algo de un bar meses atrás. Lo encaró frente a la cámara: “¡Te voy a hacer un desmadre, vas a ver!”. Resultó ser Leticia Zurita Dávila, abogada. La conductora accidentada era su hija. En Coatzacoalcos dicen que Zurita es la abogada con más conexiones del estado.
Ocho días después, la mañana de Nochebuena, Rafael salió de su casa y no llegó a ningún lado. Lo esperaban agentes ministeriales y soldados. Orden de aprehensión. Cargo: terrorismo.
Terrorismo, wey.
La palabra pesa. Evoca bombas, células clandestinas, ideología armada. El Código Penal de Veracruz la define con explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, incendios. Actos que produzcan “alarma, temor, terror en la población” para desestabilizar al Estado.
Rafael León usaba un celular y una página de Facebook.
La Fiscalía no ha explicado qué hizo exactamente este hombre para merecer el mismo cargo que se aplica —o debería aplicarse— a quien pone coches bomba. En Michoacán, hace dos meses, explotaron dos. Cinco muertos. El gobierno federal dijo que no era terrorismo, que era disputa territorial entre narcos. Cosas que pasan.
Pero un reportero que graba accidentes y balaceras, eso sí califica.
Lo poco que se sabe viene de la familia y de organizaciones que armaron el rompecabezas con lo que encontraron.
La acusación, según ha trascendido, se sostiene en que Rafael recibía “avisos” sobre hechos violentos y llegaba rápido a las escenas. También en un testigo protegido cuya declaración la defensa no puede ver completa. Y en algo tan vago como que sus transmisiones generaban “temor” en la población.
O sea: hacía su trabajo. Y lo hacía bien, que es peor.
Su número telefónico siempre fue público. Aparece en sus redes, en sus páginas. Así funcionan los reporteros de nota roja en cualquier ciudad. La gente les avisa porque quiere que se sepa, porque nadie más va a contar lo que pasa en su colonia a las tres de la mañana.
Un penalista de Coatzacoalcos, con cuarenta años de litigio encima, lo dijo claro: no encuentra los elementos del tipo penal. No hay manera de sostener esto. Pero mientras tanto, Rafael sigue adentro.
No es la primera vez que lo hostigan. Su hijo contó que ya le habían echado ácido al carro, que investigaron sus cuentas buscando algo sucio y no encontraron nada. Carpetas abiertas y cerradas por falta de pruebas. El patrón de siempre: si no pueden callarte con balas, te cansan con expedientes.
Veracruz es el estado con más acoso judicial contra periodistas en el país. Diez casos solo este año. A nivel nacional, Artículo 19 documentó cincuenta y uno entre enero y julio. Un proceso legal contra la prensa cada cuatro días. Ya no hace falta matar reporteros; basta con hundirlos en demandas, acusaciones, medidas cautelares. El mensaje llega igual.
La gobernadora Rocío Nahle dice que el caso no tiene nada que ver con libertad de expresión. Que la ley es pareja para todos. Que en Veracruz la prensa trabaja “hasta con excesos”.
Esa última frase se le escapó o la dijo queriendo. Da igual. Revela cómo mira el poder a quien lo incomoda: como un exceso que hay que corregir.
Nahle también negó cualquier conexión con el accidente de la abogada y su hija. Pidió esperar el proceso, confiar en las instituciones. Las mismas instituciones que detuvieron a un periodista en Nochebuena con cargos de terrorismo y cuatro días después siguen sin explicar por qué.
Mañana hay audiencia. Un juez de Coatzacoalcos decidirá si vincula a Rafael León a proceso. La Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH ya tiene el caso en la mira. Organizaciones nacionales e internacionales exigen respuestas.
La Fiscalía tendrá que decir, por fin, qué hizo este hombre. Mostrar pruebas o admitir que no las tiene. Pero el daño ya está hecho. Rafael pasó Navidad en una celda. Su familia vive con miedo. Sus colegas entienden el mensaje.
En 2011, el gobierno de Javier Duarte intentó meter presos a dos ciudadanos por retuitear rumores sobre balaceras. Usó el mismo artículo 311, la misma acusación de terrorismo. Tuvo que echarse para atrás cuando la presión se volvió insostenible. La Suprema Corte terminó declarando inconstitucional un tipo penal parecido.
Como en ese 2011, tal vez Rafael salga pronto y esto quede como otro abuso documentado que nadie castiga. O tal vez Veracruz siente un precedente más oscuro: que informar sobre la violencia equivale a causarla.
Hay algo que no requiere sentencia para funcionar: el miedo. Encarcelar a un periodista por terrorismo —aunque el caso se caiga en semanas— demuestra que se puede. Demuestra que cualquiera que cubra la nota equivocada, que grabe a la persona equivocada, que incomode al apellido equivocado, puede amanecer en una celda.
No necesitas sostener la acusación. Solo necesitas hacerla.
El miedo. Y se concreta con ejemplos.
Rafael León Segovia es el ejemplo porque grabó lo que no debía. El terrorista de Nochebuena que cometió el delito de llegar primero a los accidentes.
En algún lugar de Coatzacoalcos, otro periodista está decidiendo si vale la pena transmitir lo que ve esta noche. Esa decisión, multiplicada por cientos, es lo que gana el poder cuando mete preso a uno.
No hace falta explotar nada para sembrar el silencio, solo necesitas transmitir un live.