NADIA SANABIA/PERIODISTAS OAXACA
En la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump publicó en su red social Truth que fuerzas especiales estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores de su residencia en el complejo militar Fuerte Tiuna, Caracas. La “Operación Resolución Absoluta” —ejecutada por comandos Delta Force con apoyo del FBI— culminó una escalada militar que el propio gobierno de Trump había señalado semanas antes que requería autorización del Congreso. No la tuvo.
Horas antes de la captura, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York había presentado una acusación ampliada (superseding indictment) que detalla el papel de México como eslabón central en la estructura de narcotráfico que, según el documento, operó durante más de dos décadas desde las cúpulas del poder venezolano.
México en el expediente
La acusación —con fecha del 2 de enero de 2026— describe operaciones específicas en territorio mexicano:
Pasaportes diplomáticos y vuelos para lavar dinero: Entre 2006 y 2008, cuando Maduro era canciller, vendió documentos diplomáticos venezolanos a narcotraficantes. El mecanismo: Maduro llamaba a la embajada de Venezuela en México para anunciar “misiones diplomáticas” en aviones privados. Mientras los traficantes sostenían reuniones de fachada con el embajador, sus aeronaves eran cargadas con ganancias del narcotráfico para retornarlas a Venezuela sin escrutinio.
El decomiso del DC-9 en Campeche: En 2006, autoridades mexicanas incautaron más de 5.5 toneladas de cocaína en Ciudad del Carmen. El cargamento había salido del hangar presidencial del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, donde la Guardia Nacional venezolana lo cargó al avión. Tras el decomiso, los traficantes pagaron 2.5 millones de dólares a Diosdado Cabello para evitar arrestos.
Alianzas con cárteles designados terroristas: El documento vincula al régimen con el Cártel de Sinaloa y Los Zetas (ahora CDN), ambos designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado en febrero de 2025. Según la acusación, entre 2003 y 2011, Los Zetas y traficantes colombianos enviaron contenedores con 5 a 20 toneladas de cocaína cada uno desde puertos venezolanos hacia puertos mexicanos.
El Departamento de Estado calcula que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitan anualmente por Venezuela, con México y Centroamérica como puntos de trasbordo hacia Estados Unidos.
La captura y sus circunstancias
Trump confirmó la operación cerca de las 7:00 horas (tiempo de la Ciudad de México). Maduro y Flores fueron trasladados en helicóptero al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, posicionado en aguas internacionales del Caribe. Esta tarde aterrizaron en la Base Aérea Stewart, Newburgh, Nueva York, donde serán procesados. Se espera su comparecencia en corte entre lunes y martes.
La fiscal general Pam Bondi detalló los cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. También fueron acusados Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, el hijo de Maduro (“Nicolasito”) y Héctor “Niño Guerrero” Guerrero Flores, líder del Tren de Aragua.
Los interrogantes constitucionales en Washington
La operación abrió grietas incluso dentro del Partido Republicano. El senador Mike Lee (Utah) escribió temprano: “Espero saber qué podría justificar constitucionalmente esta acción en ausencia de una declaración de guerra o autorización para el uso de la fuerza militar”. Horas después, tras hablar con el secretario de Estado Marco Rubio, Lee cambió de postura y aceptó la explicación de que se trató de proteger al personal estadounidense que ejecutaba una orden de arresto.
La justificación legal de la Casa Blanca se apoya en un dictamen de 1989 que habilitó la invasión de Panamá para capturar a Manuel Noriega. Funcionarios reconocen que la presencia del FBI en el operativo fue, en palabras de una fuente citada por CNN, “una especie de vacío legal” para sostener que se trataba de un procedimiento policial y no militar.
Senadores demócratas rechazaron el argumento. Bernie Sanders acusó a Trump de actuar “al margen de la ley”. Rubén Gallego (Arizona) lo calificó como “la segunda guerra injustificada de mi vida” y señaló que Estados Unidos pasó “de policía mundial a abusador mundial en menos de un año”. El representante Jerry Nadler llamó “risible” la idea de que un ataque aéreo a gran escala con comandos especiales constituya una “acción policial”.
En noviembre, la propia jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, había dicho a Vanity Fair que operaciones terrestres en Venezuela “serían una guerra y entonces se necesitaría al Congreso”.
Trump: “Vamos a administrar el país”
En conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, Trump declaró que Estados Unidos “gobernará Venezuela hasta poder lograr una transición segura y racional”. Comparó el escenario con las ocupaciones de Alemania, Japón e Irak, y anunció que empresas estadounidenses “repararán la infraestructura petrolera para comenzar a operar y generar dinero para el país”.
El presidente vinculó el control transitorio con los recursos energéticos venezolanos —las reservas petroleras más grandes del mundo— y afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses “tendrán presencia en Venezuela en lo que respecta al petróleo”.
El secretario de Defensa Pete Hegseth remató: “Bienvenidos a 2026, y bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos ha vuelto”. Y advirtió a los adversarios de Washington que “Estados Unidos puede imponer su voluntad en cualquier lugar y en cualquier momento”.
Durante la conferencia, la palabra “democracia” no fue mencionada.
Reacciones internacionales: condena mayoritaria
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el ataque como un “precedente peligroso” y expresó preocupación por el incumplimiento del derecho internacional. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a “actuar con moderación”. El Consejo de Seguridad se reunirá el lunes a solicitud de Colombia, con respaldo de Rusia y China.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, fue contundente: los bombardeos y la captura “han traspasado una línea inaceptable” y constituyen una “afrenta gravísima a la soberanía”. Advirtió que sientan un “precedente extremadamente peligroso” y que “atacar países en flagrante violación del derecho internacional es el primer paso para un mundo de violencia, caos e inestabilidad”.
México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó y rechazó “enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente” por Estados Unidos, calificándolas de violación al artículo 2 de la Carta de la ONU. Claudia Sheinbaum alertó que “cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional” y recordó que América Latina es una “zona de paz”. El gobierno mexicano ofreció sus buenos oficios para el diálogo.
España, por voz de Pedro Sánchez, adoptó una posición dual: “España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”.
Argentina, Paraguay y Ecuador celebraron la captura. El presidente Javier Milei criticó a quienes condenaron el operativo y comparó a Maduro con Hitler.
Lo que queda en el aire
La operación deja preguntas abiertas que trascienden la legalidad de los cargos contra Maduro:
¿Puede un gobierno extranjero capturar al mandatario de una nación soberana, bombardear su capital y anunciar que “administrará” el país sin que exista declaración de guerra ni autorización legislativa?
¿Qué ocurre cuando la justificación antinarcóticos se mezcla con declaraciones explícitas sobre el control de recursos petroleros?
¿Cuál es el mensaje para otros gobiernos latinoamericanos —México incluido— cuando Washington invoca precedentes como Panamá 1989 para intervenir militarmente sin contrapesos institucionales?
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez exigió prueba de vida de Maduro y convocó al Consejo de Defensa de la Nación. Trump aseguró que ya negocia con ella la “transición”. Rodríguez lo negó públicamente.
Mientras tanto, Maduro —esposado, con gafas de protección y audífonos— fue fotografiado a bordo del USS Iwo Jima. La imagen la publicó Trump en Truth Social con un escueto mensaje: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”.
En las calles de Caracas, apagones. En Madrid, venezolanos con carteles que decían “Voy a conocer a mis abuelos”. En Nueva York, manifestantes con pancartas: “No a la guerra por petróleo”.