Por Héctor Becerra Orefice.
La ley es un ideal. La justicia, una urgencia.
Y hay momentos (raros, extremos, peligrosos) en los que ambas dejan de caminar juntas.
Venezuela no cayó en la dictadura de un día para otro. Cayó lentamente, artículo por artículo, elección por elección, tribunal por tribunal, hasta que la ley dejó de ser un límite y se convirtió en un disfraz.
Nicolás Maduro no se sostuvo en el poder a pesar del Derecho, sino usándolo, vaciándolo por dentro, convirtiéndolo en una herramienta de permanencia y control.
Quienes hoy hablan de violaciones al Derecho Internacional omiten una verdad incómoda:
el derecho también puede ser secuestrado.
Cuando un régimen controla jueces, fiscalías, fuerzas armadas, procesos electorales y organismos de validación internacional, el Estado de Derecho deja de ser un camino viable y se transforma en un circuito cerrado, diseñado para no permitir salida alguna.
La legalidad existe, sí, pero solo para legitimar al opresor.
Como abogado, lo digo con claridad y sin ingenuidad:
el Estado de Derecho debe ser la regla.
Pero no puede convertirse en el escudo del tirano.
Nuestra propia tradición jurídica reconoce que el derecho no se agota en la ley escrita.
Cuando la norma es insuficiente, cuando la justicia formal es incapaz de responder, entran en juego los principios generales del derecho.
No como licencia para el caos, sino como último recurso frente a la injusticia estructural.
Entre esos principios hay uno tan antiguo como el poder mismo:
ninguna tiranía es jurídicamente eterna.
La idea de que un gobernante que destruye libertades, hambrea a su pueblo y perpetúa su mandato mediante el miedo deba estar protegido indefinidamente por formalismos legales es una perversión del derecho, no su defensa.
La ley no fue creada para blindar a los verdugos, sino para proteger a quienes no tienen poder.
Quien hoy condena la acción directa debería hacerse una pregunta incómoda:
¿cuántas generaciones más debía esperar Venezuela a que la justicia “llegara por la vía correcta”?
¿cuántos muertos más?
¿cuántos exiliados?
¿cuántas elecciones simuladas?
A veces, la justicia no llega con toga.
Llega con decisión.
No es autoritarismo enfrentar al autoritarismo.
No es abuso cortar un régimen que hizo del abuso su sistema.
Lo verdaderamente peligroso es confundir legalidad con inmovilidad y prudencia con cobardía.
Donald Trump (con todas sus formas incómodas y contradicciones) entendió algo que muchos juristas prefieren no decir en voz alta: hay estructuras que no se desmontan desde dentro. Hay sistemas diseñados para sobrevivir a cualquier proceso legal y cualquier condena diplomática.
No se aplaude la fuerza por la fuerza.
Se reconoce el fin de la impunidad estructural.
El Derecho Internacional seguirá siendo indispensable. Pero debe recordar su propósito original: servir a la justicia, no congelarla. Cuando deja de cumplir ese fin, otros mecanismos (más duros, más riesgoso) ocupan su lugar.
No es el escenario ideal.
Es el escenario real.
Y en el mundo real, cuando la ley protege al tirano, la justicia tiene que entrar por la fuerza.