Fernando Schütte Elguero
Mientras Estados Unidos observa con atención la crisis del narcotráfico y la colusión política, la inseguridad cotidiana sigue siendo la principal deuda del Estado mexicano con sus ciudadanos.
No hubo reunión formal, no hubo fotografía y no hubo comunicado conjunto. Pero sería un error pensar que, en la relación entre México y Estados Unidos, no está pasando nada. Al contrario, el momento actual se caracteriza por una diplomacia silenciosa (cargada de mensajes implícitos) donde el tema central no es la cortesía política, sino la inseguridad derivada del narcotráfico y su penetración en la vida pública mexicana.
Claudia Sheinbaum ha optado, hasta ahora, por un tono prudente frente a Washington. Lejos de la estridencia ideológica del pasado, su discurso ha sido más moderado, consciente de que Estados Unidos (con Donald Trump nuevamente como actor central) observa con atención no sólo las declaraciones, sino los hechos. No se trata de afinidades personales, sino de resultados en materia de seguridad.
La preocupación estadounidense es clara y no es nueva. El narcotráfico (particularmente el fentanilo) dejó de verse como un problema policial para asumirse como amenaza a la seguridad nacional. En ese contexto, México aparece como un eslabón frágil (no por falta de recursos, sino por debilidad institucional, impunidad persistente y la sospecha (cada vez menos velada) del involucramiento de actores políticos en redes criminales).
A esa presión se suma un componente geopolítico adicional: Washington ha comenzado a exigir señales claras para que México deje de respaldar, directa o indirectamente, a regímenes autoritarios como el de Cuba. Para Estados Unidos, la cooperación en seguridad, comercio y estabilidad regional es difícilmente compatible con apoyos políticos que consideran anacrónicos y contraproducentes. El mensaje es fino, pero firme.
La cooperación económica y la estabilidad regional dependen, en buena medida, de la capacidad del Estado mexicano para recuperar control territorial, romper pactos de silencio y demostrar que la ley no se negocia. La revisión del T-MEC (prevista para 2026) será el espacio donde estas preocupaciones se traduzcan en exigencias concretas. La seguridad pública y el Estado de Derecho ya no son temas paralelos al comercio (son su condición). Sin seguridad no hay inversión, sin legalidad no hay productividad, sin paz social no hay crecimiento sostenible.
Más allá de la presión externa, el problema es interno. Para millones de mexicanos, la inseguridad no es un concepto abstracto, sino una experiencia cotidiana (extorsión, desapariciones, asesinatos, carreteras inseguras y comunidades sometidas por el crimen organizado). La colusión entre narcotráfico y autoridades locales (real o tolerada) erosiona la confianza ciudadana y normaliza la idea de que el Estado llega tarde (o no llega).
El tono prudente de Sheinbaum frente a Washington puede ser una virtud en esta etapa. Pero esa mesura deberá traducirse en decisiones firmes en casa. El mundo observa, sí. Pero observan más de cerca los ciudadanos mexicanos, que no piden gestos diplomáticos, sino algo elemental y urgente: vivir sin miedo.
@FSchutte
Consultor y analista