Fernando Schütte Elguero
Hasta hoy no existe una sola prueba documental declaración oficial o reconocimiento institucional (ni del gobierno de México ni del gobierno de Estados Unidos) que confirme la presencia de tropas norteamericanas operando en territorio mexicano. No hay comunicado del Pentágono no hay nota diplomática no hay confirmación explícita de la Casa Blanca ni de Palacio Nacional. En términos formales la supuesta invasión simplemente no existe.
Sin embargo la política internacional rara vez se mueve solo en el terreno de los documentos. En el espacio donde convergen percepción pública redes sociales memoria histórica y desconfianza institucional los vacíos de información suelen ser ocupados por rumores especulación y miedo. Y cuando esto ocurre entre dos países con una relación tan compleja y sensible como la de México y Estados Unidos el riesgo no es solo informativo sino estratégico.
En ese contexto varios episodios recientes han contribuido a alimentar la incertidumbre. Uno de los más relevantes fue el aterrizaje de un avión militar estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Toluca hecho que posteriormente fue reconocido por autoridades mexicanas. Se trató de un avión de transporte táctico C-130J Super Hércules una aeronave utilizada habitualmente para misiones de logística traslado de personal y capacitación. La versión oficial sostuvo que el vuelo estaba autorizado con antelación y formaba parte de esquemas de cooperación bilateral. No se trató de una incursión armada ni de un despliegue ofensivo.
El problema no fue el vuelo en sí sino la forma en que se comunicó. La explicación llegó tarde y de manera fragmentada. En un entorno de alta desconfianza ese silencio inicial convirtió un hecho logístico en un detonador de especulación.
A ello se sumó la circulación en plataformas digitales de numerosos videos que según quienes los difunden mostrarían movimientos militares inusuales cerca de la frontera norte. Uno de los más compartidos exhibe supuestos tanques siendo transportados por helicópteros en la zona de Imperial City California (a escasos kilómetros de Mexicali). Otros materiales incluyen testimonios de presuntos periodistas y analistas que aseguran sin pruebas verificables que más de mil elementos de las fuerzas armadas estadounidenses ya estarían en suelo mexicano realizando operaciones.
Nada de esto ha sido confirmado. Pero tampoco ha sido desmentido con claridad y contundencia.
Ese es el punto crítico. En ausencia de información verificable la incertidumbre no se disipa se multiplica. Para la audiencia estadounidense el silencio oficial alimenta la percepción de que su gobierno podría estar actuando al margen de los canales diplomáticos tradicionales con implicaciones legales y políticas delicadas. Para la mexicana refuerza una sospecha histórica profundamente arraigada: que las decisiones sobre seguridad nacional se toman sin transparencia sin debate público y sin rendición de cuentas.
El contexto internacional agrava esta dinámica. En Estados Unidos figuras políticas influyentes y espacios de opinión han normalizado un discurso cada vez más agresivo en materia de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico. Declaraciones atribuidas a Donald Trump y a otros actores plantean abiertamente la posibilidad de acciones directas contra los cárteles mexicanos incluso más allá de los marcos tradicionales de cooperación. Aunque parte de esta retórica responde a lógicas electorales y mediáticas su efecto es real (refuerza la percepción de que una acción unilateral es posible).
Para el lector estadounidense este escenario plantea una pregunta clave: ¿hasta dónde puede o debe llegar Estados Unidos en el combate transnacional al narcotráfico sin erosionar el marco legal internacional ni deteriorar una relación estratégica fundamental? Para el mexicano la pregunta es aún más sensible: ¿quién decide con qué límites y bajo qué controles cualquier forma de cooperación operativa que toque el territorio nacional?
En México la reacción oficial ha sido errática. Tras la difusión de rumores y versiones contradictorias la presidente Claudia Sheinbaum convocó a una reunión urgente con el gabinete de seguridad. Ese solo hecho confirma que el tema no es menor. Versiones extraoficiales señalan que el encuentro fue tenso y que hubo preocupación genuina no solo por los rumores en sí sino porque la posible solidez de operaciones que estarían quedando autorizadas sitúa el debate en el núcleo mismo de la soberanía nacional y del control territorial del Estado.
De hecho algunos conocíamos desde antes los cambios hoy ya realizados en SEDENA y en la Guardia Nacional (movimientos que según diversas interpretaciones habrían sido una exigencia del gobierno estadounidense para fortalecer esquemas de cooperación). Para Washington estos ajustes pueden leerse como señales de mayor compromiso institucional. Para amplios sectores en México en cambio refuerzan la percepción de presión externa y de decisiones tomadas sin explicación pública suficiente.
A este escenario se suma un elemento políticamente explosivo con implicaciones directas para ambos países: la posible detención de políticos mexicanos presuntamente vinculados al narcotráfico. Ese escenario más que cualquier despliegue militar visible sacude las estructuras del poder interno en México rompe pactos de impunidad largamente tolerados y explica buena parte del nerviosismo en los niveles más altos del gobierno. Para Estados Unidos implicaría un mensaje claro de que la cooperación en seguridad no se limita a perseguir operadores criminales sino que podría alcanzar a actores políticos.
Pero no hubo un mensaje claro directo y verificable hacia la ciudadanía ni en México ni en Estados Unidos. Y cuando el Estado no explica otros narran.
Hoy ambos países parecen atrapados entre dos verdades incómodas. La primera: no existen pruebas oficiales de una intervención militar estadounidense en México. La segunda: la erosión de la credibilidad institucional combinada con un entorno de violencia estructural polarización política y normalización de la mentira hace que millones de personas consideren ese escenario como posible y plausible aunque carezca de confirmación formal.
En México además ese clima se cruza con un malestar social profundo. Amplios sectores de la población expresan abiertamente su frustración con la inacción del gobierno frente a la inseguridad la impunidad y el control territorial del crimen organizado. No son pocos los mexicanos que cansados del deterioro cotidiano manifiestan su deseo de que alguien (quien sea) ponga orden. Esa percepción incómoda pero real explica por qué ciertos rumores no solo se creen sino que encuentran eco.
Para una relación bilateral que depende de la confianza la cooperación y la previsibilidad esta ambigüedad es peligrosa. No porque anuncie necesariamente una invasión sino porque convierte cada silencio en sospecha y cada imagen sin contexto en presunta evidencia.
Los rumores seguirán circulando mientras no haya transparencia información verificable y una comunicación política seria dirigida tanto a la audiencia mexicana como a la estadounidense. La incertidumbre no nace de los videos virales sino del vacío que los rodea. Y en ese terreno la especulación siempre gana.
@FSchutte
Consultor y analista