Fernando Schütte Elguero
El Reporte Anual de Seguridad e Incidencia Delictiva 2025 del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) confirma una narrativa que el gobierno ha insistido en posicionar: la incidencia delictiva total se redujo 5 por ciento respecto a 2024 y la tasa de homicidio doloso mantiene una tendencia descendente desde los picos registrados entre 2018 y 2019. A simple vista, el dato parece alentador. Pero una lectura seria del propio estudio obliga a introducir una pregunta incómoda: ¿realmente hay menos violencia letal, o estamos cambiando la forma de contarla?
El mismo reporte del ONC documenta una divergencia preocupante entre los homicidios y otras formas de violencia extrema. Mientras los asesinatos muestran una baja gradual, las desapariciones presentan comportamientos erráticos, inconsistentes y, en algunos estados, abiertamente explosivos. Jalisco, Baja California Sur, Campeche, Querétaro y Tlaxcala registran incrementos superiores al 80 por ciento anual en personas desaparecidas y no localizadas. Sinaloa se coloca como la entidad con la mayor tasa nacional. Estos no son datos marginales: son focos rojos.
Más aún, el propio ONC alerta sobre la fragilidad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En un lapso de apenas diez días, la cifra oficial de desaparecidos en 2025 se redujo en 1,230 casos sin una explicación pública clara. El 11 de enero se reportaban 14,100 personas; el 21 de enero, la cifra bajó a 12,870. El observatorio hace un llamado explícito a “poner orden” en esta estadística clave. No se trata de una discusión técnica: es la diferencia entre visibilizar víctimas o borrarlas administrativamente.
El reporte también identifica delitos que no solo no bajan, sino que muestran una persistencia estructural. La extorsión sigue siendo uno de los fenómenos criminales más estables y resistentes al cambio, con niveles históricamente altos. El narcomenudeo mantiene un crecimiento sostenido desde 2015. Los llamados “otros delitos que atentan contra la vida” continúan al alza, incluso cuando el homicidio doloso desciende. La violencia, simplemente, se desplaza.
El ONC documenta además asesinatos ligados al cobro de derecho de piso, el homicidio de líderes empresariales y sociales, periodistas y activistas, así como desplazamientos forzados de comunidades completas, como ocurre en Sinaloa. Estos hechos no encajan con una narrativa de pacificación. Encajan, en cambio, con un país donde la violencia se fragmenta, se oculta o se reclasifica.
Celebrart la baja de homicidios sin confrontarla con el crecimiento de las desapariciones es, cuando menos, una lectura incompleta. Cuando los muertos disminuyen pero los ausentes aumentan, la estadística deja de ser un indicador de seguridad y se convierte en un problema de verdad. El reporte del Observatorio Nacional Ciudadano no maquilla esta contradicción: la expone. Corresponde ahora al Estado responderla, no con ajustes contables, sino con instituciones capaces de buscar, investigar y rendir cuentas. Porque un país con menos homicidios, pero más desaparecidos, no es necesariamente un país más seguro.
@FSchutte
Consultor y analista