El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez presentó ante la LXVI Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2026 que plantea reducir las cuotas del impuesto predial y de más de cien giros comerciales registrados en el padrón fiscal.
La reforma, aprobada por unanimidad en sesión de Cabildo el 17 de febrero, responde a los incrementos abruptos en las bases catastrales que se aplicaron durante el trienio 2022-2024, bajo la administración anterior. Vecinos de colonias como Jalatlaco reportaron que su predial pasó de 2 mil 500 a más de 18 mil pesos anuales sin que mediara modificación alguna en sus inmuebles.
“Se aumentaron bases de manera arbitraria. Se cargó el peso sobre las vecinas y vecinos. Se olvidaron que el gobierno existe para servir, no para servirse”, señaló Chagoya durante la presentación de la iniciativa.
De acuerdo con la exposición de motivos del documento, los aumentos catastrales provocaron incremento de la cartera vencida, desincentivo al cumplimiento espontáneo, aumento de la litigiosidad administrativa y constitucional, y la persistencia de predios con registro de 0.0 metros cuadrados de terreno o construcción, lo que distorsiona la base contributiva.
La iniciativa propone un mecanismo para que los contribuyentes cuyas bases gravables fueron actualizadas entre 2022 y 2024 sin traslación de dominio puedan acceder a una nueva determinación referenciada a tablas anteriores. En el caso de los derechos comerciales, las reducciones oscilan entre el 10 y el 30 por ciento en las cuotas expresadas en Unidades de Medida y Actualización.
El principio rector de la reforma, según el documento presentado al Congreso, es “reducir la carga individual para ampliar la base contributiva”. Es decir: que cada persona pague menos para que más personas paguen.
“No se busca recaudar menos, sino recaudar mejor, con legitimidad social y estabilidad”, establece la exposición de motivos.
El documento precisa que la medida no es una condonación generalizada, sino un instrumento de política fiscal que busca certeza, regularización y fortalecimiento del padrón. La iniciativa ahora queda en manos del Congreso del Estado para su dictaminación y eventual aprobación.