- El consejero jurídico Giovanni Vázquez Sagrero presentó un avance del instrumento que recoge los principios de la Cuarta Transformación —no mentir, no robar, no traicionar—, prohíbe la fantochería en el trato al ciudadano, establece compromisos públicos a 30, 60 y 90 días para cada funcionario, contempla auditorías semestrales al Gabinete y exige la declaración de conflictos de interés. El gobernador Salomón Jara advirtió que quien no cumpla enfrentará consecuencias.
OAXACA DE JUÁREZ, Oax., febrero 23 del 2026— El gobierno de Oaxaca presentó este lunes un avance del Código Estatal de Integridad Pública, un instrumento que busca regular la conducta de los servidores públicos con plazos concretos, mecanismos de evaluación y consecuencias para quien incumpla. El documento, cuya versión definitiva aún no se formaliza, fue expuesto por el consejero jurídico Giovanni Vázquez Sagrero durante la conferencia mañanera del gobernador Salomón Jara Cruz.
El eje más visible del código apunta directamente al trato que los funcionarios dan a la ciudadanía. Vázquez Sagrero fue explícito: el servidor público deberá presentarse sin ser fantoche, con la humildad necesaria, sin altanería ni soberbia. Cada petición ciudadana deberá ser escuchada sin distinción de raza, religión ni condición social, y resuelta. No basta con que el ciudadano ejerza su derecho de petición, expuso el consejero: la obligación es que lo que estén solicitando sea también respondido.
Para que ese compromiso no se quede en retórica, el código establece un mecanismo de evaluación permanente. Cada integrante del Gabinete deberá asumir compromisos públicos a 30, 60 y 90 días, que serán anunciados en las conferencias de prensa del gobierno. Al término de cada ciclo de 90 días se verificará su cumplimiento. Y cada seis meses, el Gabinete completo será sometido a auditoría.
El gobernador Jara reforzó el mensaje con una advertencia sin ambigüedades: “Las vamos a cumplir. Y están obligados todos los servidores a cumplirlo. Y se va a evaluar cada 90 días si cumplen. Cuando haya todo lo contrario, se va a tener que informar y, en consecuencia, tenemos que actuar.”
El código también aborda de frente el nepotismo, uno de los flancos más críticos de la actual administración. Vázquez Sagrero reconoció que el tratamiento va más allá de lo estrictamente jurídico. Ante los ataques constantes y la percepción pública de que la cercanía familiar se ha confundido con derecho al cargo, el código exige que cualquier servidor público con un posible conflicto de interés lo declare y, de ser necesario, se excuse de las decisiones correspondientes. El consejero jurídico señaló que incluso se ha acusado al gobierno de tener injerencia en poderes donde ni siquiera podría configurarse responsabilidad, y que por eso el enfoque debe atender la visión de la gente, no solo la letra de la ley.
La medida responde al reclamo que las urnas articularon el pasado 25 de enero. En la consulta de revocación de mandato —la primera en la historia a nivel estatal en México—, el 38.16 por ciento de los votantes se pronunció por retirar al gobernador del cargo, con pérdidas especialmente marcadas en la zona metropolitana de Oaxaca. Aunque la continuidad prevaleció con el 58.82 por ciento, el resultado fue leído por el propio gobierno como una señal que debía atenderse.
El tercer eje del código abarca la austeridad y el cuidado de los recursos públicos: uso responsable del presupuesto, protección del medio ambiente y manejo adecuado de los bienes materiales destinados al servicio público.
Vázquez Sagrero explicó que el documento recoge los principios fundamentales de la Cuarta Transformación —no mentir, no robar y no traicionar— y los desglosa en conductas específicas que cada servidor público deberá asumir. Señaló que el código fue discutido internamente y que responde a lo que la propia sociedad ha expresado, pero advirtió que muchos de estos parámetros ya existen en la ley: lo que se busca ahora es hacerlos operativos.
El avance del Código de Integridad llega cinco días después de que la administración destituyera a 16 funcionarios como parte del relanzamiento gubernamental del 18 de febrero, entre ellos Carlos Vichido Hernández —familiar político del gobernador y titular de la Secretaría de Infraestructuras— e Iván García Álvarez, secretario de Seguridad Pública. En la víspera de aquellos cambios también renunciaron a sus cargos en Morena Emmanuel Navarro Jara y Shabin Jara, ambos familiares directos del mandatario.
El gobernador anunció que Silvia —sin precisar apellido ni cargo— detallará mañana las metas específicas de 30, 60 y 90 días en la conferencia del martes.
Oaxaca tiene ahora un avance del instrumento. Lo que falta es la versión definitiva, su forma jurídica y, sobre todo, la prueba de que se cumple.