La política internacional suele moverse en terrenos duros, pero incluso en ese espacio existen límites mínimos de respeto entre jefes de Estado. Por eso resultó tan desafortunado el momento en que Donald Trump decidió imitar de manera burlona a la presidente de México, Claudia Sheinbaum. Más allá de simpatías o antipatías políticas, ese gesto no fue un simple comentario de campaña ni una ocurrencia retórica: fue una señal de desprecio hacia la representación institucional de un país entero.
Las relaciones entre México y Estados Unidos han atravesado momentos complejos a lo largo de la historia, pero incluso en los periodos de mayor tensión se ha procurado mantener cierta forma diplomática. Cuando un líder político recurre a la burla personal para referirse al jefe de Estado de un país vecino, lo que está haciendo es degradar el nivel de la conversación bilateral y enviar un mensaje de desdén hacia su interlocutor.
Pero el episodio tiene además otro componente que resulta políticamente significativo. México no fue invitado a la reunión sobre seguridad hemisférica convocada en Washington para discutir la crisis regional de violencia y narcotráfico. La ausencia del país más directamente involucrado en esa problemática no es un detalle menor. Más bien refleja una percepción creciente en distintos círculos estratégicos sobre la situación interna mexicana.
Durante años, el narcotráfico fue considerado principalmente un problema criminal. Hoy la discusión ha cambiado. En diversos análisis en Washington, el fenómeno se observa cada vez más como un desafío de gobernabilidad y de seguridad regional. La expansión de los cárteles, su poder económico, su control territorial y su capacidad de penetración institucional han modificado la manera en que México es percibido fuera de sus fronteras.
En ese contexto, la respuesta de la presidente Claudia Sheinbaum buscó colocar el debate en otro terreno. Señaló que México no ha permitido el despliegue de tropas estadounidenses en su territorio (aunque en distintos momentos sí han existido contingentes militares norteamericanos en México bajo esquemas de cooperación y capacitación). También recordó dos responsabilidades evidentes de Estados Unidos: el flujo masivo de armas hacia el sur y el enorme mercado de consumo de drogas que alimenta la economía criminal. Ambos argumentos forman parte de una discusión legítima entre dos países profundamente interdependientes.
Pero el debate internacional sobre México no se limita únicamente al narcotráfico. En distintos análisis políticos y estratégicos también aparece otra preocupación: la percepción de que el país se ha desplazado hacia un modelo cada vez más concentrado de poder, debilitando contrapesos institucionales y erosionando estructuras democráticas que durante décadas habían sido parte de la transición política mexicana. Para muchos observadores externos, la combinación de inseguridad pública, el terrorismo criminal ejercido por los cárteles y el debilitamiento de instituciones democráticas crea un escenario particularmente delicado.
No es un tema menor. La democracia liberal, con sus instituciones, división de poderes y Estado de derecho, ha sido presentada históricamente por Estados Unidos como un valor universal cuya defensa ha justificado incluso intervenciones internacionales. Cuando un país es percibido como debilitando su arquitectura institucional al mismo tiempo que enfrenta organizaciones criminales con capacidad cuasi-militar, la preocupación estratégica se multiplica.
Y aquí aparece el verdadero desafío.
México enfrenta hoy un problema estructural que ya no puede minimizarse ni administrarse con discursos. El narcotráfico no es únicamente un fenómeno criminal aislado. Está entrelazado con la violencia cotidiana, con la extorsión sistemática a comerciantes y empresarios, con el llamado derecho de piso que paraliza economías locales, con redes de corrupción institucional y con la colusión de actores políticos que han permitido la expansión territorial de organizaciones criminales.
La indignación frente a la falta de respeto de Trump es comprensible. Ningún país debería aceptar con normalidad que se ridiculice a su jefe de Estado. Pero la defensa de la dignidad nacional no puede limitarse a responder agravios externos. También exige asumir con seriedad la responsabilidad interna de recuperar el control del territorio, reconstruir instituciones de justicia confiables y romper definitivamente los vínculos entre política y crimen organizado.
Porque cuando la violencia criminal, la debilidad institucional y la polarización política se combinan, el resultado puede convertirse en un caldo de cultivo peligroso. Y ningún país puede darse el lujo de ignorar ese riesgo.