Allan de Jesús Corona Romero, titular suspendido de la Notaría 204 del Estado de México, fue detenido el martes 18 de marzo en instalaciones de la Consejería Jurídica estatal en Toluca. No lo encontraron: llegó solo, escoltado por cinco exmilitares armados, a exigir que le devolvieran su patente notarial. El mismo hombre contra quien un juez de Tlacolula, Oaxaca, giró orden de aprehensión desde noviembre de 2023 por el homicidio calificado con ventaja del notario José Ortiz Girón, acuchillado por la espalda en pleno Centro Histórico de Oaxaca durante la Guelaguetza.
La tarde del 18 de julio de 2023, Ortiz Girón —notario 113 del Estado de México, oaxaqueño de raíz, avecindado en Nezahualcóyotl— caminaba por la calle Jesús Carranza casi esquina con García Vigil, acompañado de su pareja sentimental Rocío C. Dos hombres los alcanzaron por la espalda, armados con cuchillos. Lo mataron en segundos. No le pidieron nada. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca descartó robo y fijó la venganza personal como línea principal de investigación.
En menos de 48 horas, la Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a los dos presuntos autores materiales —José Jairo J.M. y Andrés M.L.— en Asunción Ixtaltepec, región del Istmo. Un tercer implicado, Vicente M.L., policía activo del Estado de México y chofer de la camioneta Ford Expedition con placas mexiquenses en la que huyeron los agresores, fue capturado al día siguiente.
La carpeta de investigación reconstruyó la cadena: desde mediados de marzo de 2023, Corona Romero habría ordenado a Vicente M.L. vigilar a Ortiz Girón. En abril le pagó 100 mil pesos como anticipo. El móvil, según el expediente ministerial: quedarse con la Notaría 113. Uno de los detenidos confesó haber recibido el pago directamente de Corona Romero.
Un mes después del crimen, el 17 de agosto de 2023, Corona Romero notificó a la Secretaría de Justicia del EdoMex su “separación temporal” de la función notarial por “razones imprevistas”. No especificó cuáles. Se presume que huyó del país —fuentes señalaron Michoacán y Estados Unidos como posibles destinos— mientras el gobierno mexiquense declaraba “carecer de elementos” para vincularlo con la investigación oaxaqueña.
En noviembre de 2023, el juez de Control de Circuito de Valles Centrales en Tlacolula, Carlos Tobías Lucas, giró orden de aprehensión contra Corona Romero por homicidio calificado con ventaja y lesiones calificadas con ventaja. La orden incluía también a Vicente M.L. y a Jonathan B., alias “El Chaqueta”. Pero Corona Romero obtuvo un amparo federal. La orden se congeló.
La cadena de impunidad no terminó ahí. En noviembre de 2024, el juez Lorenzo Ramírez Cruz, presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Itinerante 1 del Circuito de Valles Centrales en Tlacolula, emitió sentencia absolutoria a favor de Vicente Martínez López —el chofer de la camioneta de huida—, a pesar de que las pruebas ministeriales lo vinculaban directamente con la logística del homicidio.
Dos años y cinco meses después, Corona Romero reapareció. No como prófugo capturado, sino como demandante. El martes se presentó en la Consejería Jurídica del EdoMex en Toluca, acompañado de cinco militares jubilados que fungían como escoltas. Entraron armados. Exigieron la reactivación de su matrícula notarial. La Secretaría de Seguridad del Estado de México intervino. Los seis fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales.
La FGJEM confirmó a El Financiero que ya existía la orden de aprehensión oaxaqueña, pero que no se había podido ejecutar por el amparo vigente. Los exmilitares fueron señalados por resistencia y portación de armas. El Ministerio Público informó que este jueves resolvería la situación jurídica.
El dato que completa el cuadro: Alberto Bazbaz Sacal, exprocurador de Justicia del Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, se apersonó como abogado defensor de los detenidos. Encabezó un bloqueo sobre la avenida Hidalgo de Toluca para exigir su liberación, alegando irregularidades en el proceso. Bazbaz arrastra su propia historia de controversias: su gestión como procurador quedó marcada por el caso Paulette en 2010.
El caso Ortiz Girón concentra, en una sola línea temporal, los mecanismos que sostienen la impunidad en México: un crimen ejecutado con logística de estado menor —policías, camionetas con placas oficiales, sicarios reclutados desde el Istmo—; un sistema notarial que operó la suplencia sin preguntas; un amparo federal que congeló una orden de aprehensión por homicidio calificado durante más de dos años; un tribunal oaxaqueño que absolvió al chofer de la camioneta de huida; y un presunto autor intelectual que, cuando finalmente es detenido, no estaba huyendo: estaba exigiendo que le devolvieran el cargo.
100 mil pesos. Ese fue el anticipo para matar a un notario por la espalda en la fiesta más grande de Oaxaca. El costo de la vida, en el sistema que se supone da fe de ella.