Fernando Schutte Elguero
En México, la corrupción policial dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en un sistema operativo. No se trata de casos excepcionales ni de “manzanas podridas”. Se trata de prácticas reiteradas, extendidas y, en muchos casos, toleradas. El problema no es solo la delincuencia organizada. Es la degradación de quienes, en teoría, deben combatirla.La escena se repite en carreteras de todo el país. Elementos de la Guardia Nacional detienen vehículos bajo cualquier pretexto. Revisión de rutina, verificación documental, inspecciones ambiguas. Lo que sigue es conocido: insinuaciones, amenazas veladas y la exigencia de un pago para “evitar problemas”. No es un abuso ocasional. Es un mecanismo de recaudación informal que se ha normalizado.En zonas urbanas, la situación no es mejor. Agentes que se ostentan como policías de tránsito (en ocasiones sin serlo formalmente, pero operando con la apariencia y la impunidad de la autoridad) se han convertido en auténticos extorsionadores. Multas inexistentes, infracciones fabricadas, retención arbitraria de documentos. El ciudadano no discute. Paga. Porque sabe que el tiempo, el desgaste y el riesgo de enfrentar a la autoridad son mayores que el monto de la extorsión.El fenómeno alcanza niveles aún más graves cuando se observan prácticas sistemáticas alrededor de actividades cotidianas. Una mudanza, por ejemplo, se convierte en una oportunidad de cobro. En distintas ciudades del país, cuando un camión de mudanza llega a un domicilio, aparece la autoridad para exigir un supuesto “permiso especial”. La empresa ya sabe cómo funciona el esquema. El costo está internalizado. El ciudadano, que apenas intenta cambiar de casa, termina pagando una cuota ilegal para evitar la detención del vehículo o la retención de sus pertenencias.Lo mismo ocurre en la construcción. Descargar materiales, operar maquinaria o simplemente avanzar en una obra implica, en muchos casos, pagar a policías o a intermediarios vinculados con ellos. Es un derecho de piso institucionalizado. No lo cobra una organización criminal en la sombra. Lo exige, a plena luz del día, quien porta un uniforme.El argumento que suele escucharse dentro de las corporaciones es tan revelador como preocupante (no hay recursos, no hay gasolina, no hay mantenimiento, no hay ni siquiera municiones suficientes). Bajo esa lógica, los propios elementos “se ven obligados” a obtener ingresos por su cuenta. Es una justificación que, lejos de exculpar, agrava el problema. Porque implica que la extorsión no es una desviación, sino una práctica funcional dentro del sistema.El resultado es devastador. La autoridad pierde legitimidad y el ciudadano queda en estado de indefensión permanente. No hay certeza jurídica. No hay reglas claras. Solo la discrecionalidad del agente en turno.A esto se suma un segundo componente, igual de grave y profundamente corrosivo: el Ministerio Público. En buena parte del país, las fiscalías operan bajo lógicas que poco tienen que ver con la procuración de justicia. Las carpetas de investigación avanzan o se detienen en función de intereses económicos. La denuncia no garantiza acción. La ley no es el criterio. El dinero lo es.Pero el deterioro llega incluso a los momentos más sensibles de la vida social. Cuando una persona fallece fuera de un hospital, en lugar de encontrar acompañamiento institucional, las familias se enfrentan a un sistema que se lucra con el dolor y con la muerte. Desde el propio entorno del Ministerio Público se “recomiendan” agencias funerarias específicas que, casualmente, están vinculadas o coordinadas con funcionarios. El certificado de defunción, que debería ser un trámite médico y legal claro, se convierte en una transacción.En los casos más graves, el mecanismo escala a niveles francamente perversos. Funcionarios sugieren la posibilidad de abrir líneas de investigación contra algún miembro de la familia como probable responsable de la muerte, no porque existan indicios reales, sino como instrumento de presión. El mensaje es implícito pero claro: o se paga, o el problema crece. La tragedia familiar se transforma así en una oportunidad de extorsión institucional.Esto genera un círculo perverso. La policía extorsiona y detiene de manera arbitraria. El ciudadano, al intentar defenderse, se encuentra con un Ministerio Público que puede torcer el proceso en su contra o simplemente dejarlo en el abandono si no hay incentivos económicos de por medio. La justicia deja de ser un derecho y se convierte en un servicio transaccional.La combinación de ambos factores (policías que extorsionan y fiscalías que negocian la ley) produce un escenario de profunda vulnerabilidad. El Estado no solo es incapaz de proteger. En muchos casos, se convierte en el agresor directo.Las consecuencias van más allá del agravio individual. Se erosiona la confianza en las instituciones, se incentiva la informalidad, se desalienta la inversión y se normaliza la ilegalidad como mecanismo de supervivencia. Cuando cumplir la ley no protege y violarla resulta funcional, el orden institucional se descompone.México enfrenta hoy una crisis de seguridad que no puede entenderse únicamente desde la violencia criminal. Existe una crisis paralela, menos visible pero igualmente peligrosa: la corrupción estructural de sus cuerpos de seguridad y de su sistema de justicia.Mientras no se reconozca con claridad y se actúe con contundencia, cualquier estrategia de seguridad será incompleta. No basta con perseguir delincuentes si quienes portan el uniforme operan bajo las mismas lógicas.La pregunta de fondo es incómoda, pero inevitable: ¿quién protege al ciudadano cuando la autoridad es parte del problema?Y la respuesta, hoy, es inquietante: prácticamente nadie.
@FSchutte
Consultor y Analista