Fernando Schütte Elguero
En la plaza, el torero que torea de oído no sólo ejecuta suertes; escucha. Percibe el pulso del tendido, entiende cuándo templar y cuándo apretar, y lee la verdad del ruedo (lo que sucede entre toro, cuadrillas, picadores y banderilleros). Puede sacrificar algo de pureza, pero conecta. Y no engaña a quien sabe mirar. Esa metáfora describe lo que hoy falta en el manejo del drama de los desaparecidos en México: escuchar a la realidad, no a la narrativa propia.
El país ha sido testigo de un ajuste abrupto en las cifras oficiales (de más de 130 mil a alrededor de 43 mil, según la depuración anunciada). Más allá de la metodología, el efecto es devastador: cuando una tragedia “disminuye” en los registros sin explicación técnica verificable, la confianza se erosiona. Las familias no viven en bases de datos, viven en la incertidumbre de no saber dónde están los suyos.
En paralelo, organismos internacionales han elevado el tono. Se habla de patrones que podrían configurar desapariciones forzadas y, en ciertos contextos, de posibles crímenes de lesa humanidad. La respuesta oficial ha sido defensiva (rechazo, soberanía, descalificación). Ese reflejo es insuficiente. Aquí no se trata de ganar una discusión, sino de reconstruir verdad y justicia.
Torear de oído implicaría tres cosas básicas: reconocer la magnitud sin maquillajes (la estadística no es propaganda), abrir los datos a escrutinio independiente (metodologías públicas y trazabilidad) y alinear capacidades (fiscalías, periciales y coordinación real). Y en ese entramado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alineada de manera irresponsable al oficialismo, brilla por su ausencia en el acompañamiento a las víctimas.
La negación tiene costos. México enfrenta críticas internacionales severas por falta de gobernabilidad, por la expansión de economías criminales que controlan territorios (cobro de piso, violencia selectiva) y por señales fiscales inquietantes. En ese contexto, la política social mal diseñada puede derivar en clientelismo, alimentando la percepción de compra de lealtades.
El punto no es ideológico, es de eficacia estatal. Cuando la autoridad responde a la crítica con descalificación y no con evidencia, pierde margen de maniobra. Cuando corrige cifras sin explicar, pierde credibilidad. Y cuando el dolor de las familias se vuelve un dato disputado, se pierde humanidad.
Gobernar de oído no es populismo; es sensibilidad informada. Es escuchar a víctimas, expertos y organismos internacionales, y al propio país que distingue entre verdad y simulación. La legitimidad no se decreta, se construye.
México no necesita un relato más afinado; necesita una política pública a la altura del drama: transparencia en registros, investigación penal efectiva, identificación forense con recursos, protección a buscadoras y cooperación internacional sin complejos. Eso es torear con verdad.
Porque el público sabe. Y cuando sabe, el engaño no dura. Gobernar bien exige escuchar mejor. En el tema de los desaparecidos, escuchar ya no es opcional: es una obligación moral y una condición de Estado.
