Ciudad de México / Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, respondió este lunes a la embestida del gobierno mexicano. En entrevista con Proceso, el jurista ecuatoriano fue claro: el informe no se limita al periodo 2009-2017, sino que cubre de 2012 a la fecha e incluye datos actualizados, como los más de 132 mil desaparecidos hasta febrero de 2026. “El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, sentenció Albán, en alusión directa al posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores que calificó el documento como “sesgado” y “sin rigor metodológico”.
El presidente del Comité defendió el trabajo de su equipo y aseguró que la investigación se basa en fuentes gubernamentales, informes de organismos de derechos humanos y testimonios de víctimas. Además, aclaró que sí se tomaron en cuenta los avances del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Centro Nacional de Identificación Humana. Sin embargo, advirtió que “los esfuerzos, aunque loables, han resultado insuficientes ante la magnitud de la crisis”. Albán también respondió a la acusación de que el informe no distingue entre desaparición forzada por el Estado y desaparición cometida por particulares: “Esa distinción está en el informe desde la página 12”, dijo con paciencia de maestro.
La respuesta del Comité dejó en evidencia la fragilidad de la estrategia oficial. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que “el Estado no reprime ni desaparece”, Albán recordó que el informe encontró “indicios fundados” de participación de servidores públicos en casos recientes, así como omisiones graves en la investigación y sanción de estos crímenes. “No estamos diciendo que haya una política de Estado, pero sí hay patrones que preocupan”, puntualizó.
El intercambio ya no es diplomático: es político. El gobierno mexicano apostó por la descalificación frontal para desactivar la incomodidad de un informe que lo coloca frente al espejo. Pero la ONU no se arrugó. Albán cerró con una frase que debería resonar en Palacio Nacional: “La cooperación internacional no es una intromisión, es un derecho de las víctimas”. Y mientras las madres buscadoras sigan encontrando fosas, ese derecho seguirá siendo más poderoso que cualquier comunicado oficial.
