La Sección 22 desmiente la versión oficial sobre la entrega de recursos: los 700 millones de pesos anunciados son de hace dos años, el mobiliario llega fraccionado y los uniformes a padres y madres de familia no han sido cubiertos. La concentración en la capital del país dependerá de la respuesta escrita que el gobierno entregue hoy.
Ciudad de México, 27 de mayo del 2026.- Más de 200 casos de víctimas de la represión contra el magisterio oaxaqueño y comunidades que salieron a defenderlo siguen sin reparación del daño, sin cierre de carpetas de investigación y con presos políticos que ni siquiera pueden abrir una cuenta bancaria por los expedientes que arrastran desde 2006, 2013 y la matanza de Nochixtlán en 2016. Así lo expuso esta tarde Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 del SNTE-CNTE, desde el plantón instalado en la calle 5 de Mayo del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde el magisterio oaxaqueño espera la respuesta por escrito que el gobierno federal se comprometió a entregar hoy, tras la mesa tripartita de siete horas que el martes terminó sin minuta firmada.
Pérez Martínez confirmó que esta tarde se instalará una mesa específica de justicia en la Secretaría de Gobernación, distinta de la tripartita del día anterior, en la que la sección espera la presencia de SEGOB y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), instancias que han dado seguimiento a los expedientes abiertos desde el conflicto sociopolítico de 2006, la resistencia contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto en 2013 y el operativo policiaco del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, donde murieron ocho personas y resultaron heridas más de 198.
“Hoy lo que queremos es que realmente el gobierno federal, así como lo ha anunciado, incluso como ya se ha declarado por parte del secretario de Educación Pública, que hay atención y que hay solución, pues realmente el discurso es una cosa y ya en la realidad es otra”, expuso la dirigente. Pidió que en las mesas de trabajo no se revictimice a quienes han sostenido la exigencia de reparación, prácticas que —denunció— se han repetido en encuentros previos celebrados en la ciudad de Oaxaca.
La dirigente precisó que el universo de víctimas no se reduce al magisterio: incluye a habitantes de comunidades oaxaqueñas que en 2006 fueron afectados por la represión y a pobladores de Nochixtlán que en 2016 salieron a las calles a defender la lucha magisterial sin ser maestros. Hay víctimas directas y víctimas indirectas, y a esa cuenta se han ido sumando casos a lo largo de los años. Las carpetas siguen abiertas. La reparación del daño no llega. Y los compañeros que fueron presos políticos cargan administrativamente con un expediente que les cierra puertas tan cotidianas como abrir una cuenta en un banco.
Sobre el fallecimiento del docente oaxaqueño Ignacio Ismael Arriaga Villar registrado la madrugada del martes en el propio campamento de la calle 5 de Mayo en la Ciudad de México, Pérez Martínez señaló que no hubo solidaridad institucional con los familiares: ni acompañamiento para el traslado del cuerpo ni respuesta ante los señalamientos públicos en torno a las causas del deceso. El traslado y los gastos los asumieron la sección y los familiares directos. “No hay como esa apertura por parte del gobierno federal hacia, pues por lo menos, esa solidaridad con los familiares”, dijo.
Cuestionada sobre el video difundido el martes por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, en el que ofreció instalar mesas técnicas para analizar reformas a la Ley del ISSSTE de 2007 y la desaparición de la USICAMM, la dirigente replicó que no se trata de propuestas nuevas: el tema lleva trabajándose desde la CNTE y la Asamblea Nacional Representativa, instancia que ha definido que la interlocución debe darse directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y no acotarse a SEGOB, SEP o ISSSTE, donde —apuntó— no se han alcanzado los avances que se requieren. Una comisión de la CNTE prepara la propuesta pensionaria que se presentará cuando se reinstale esa mesa central.
Respecto a las declaraciones gubernamentales que aseguran que las demandas de mobiliario, uniformes y becas ya se atienden a través de programas sociales, Pérez Martínez ofreció el detalle que el discurso oficial omite: los 700 millones de pesos anunciados corresponden a la jornada de lucha de hace dos años, los procesos de contratación apenas se concluyeron, el mobiliario etiquetado desde 2024 se empezó a entregar hasta 2025 y 2026 y aún no se completa; se está entregando fraccionado, escuela por escuela, mes por mes. Tampoco se ha cumplido con el recurso para uniformes para padres y madres de familia, ni con la operatividad para contratación de personal docente y administrativo, ni con las recategorizaciones pendientes.
La Sección 22 mantiene su plantón en la calle 5 de Mayo y sus bloqueos carreteros en Oaxaca. El desplazamiento de la concentración hacia otro punto de la capital del país dependerá de lo que el gobierno entregue por escrito hoy. La organización adelantó que cualquier documento de respuesta será hecho público. Sobre la apertura presidencial, la dirigente observó un contraste: a la Sección 7 de Chiapas la Presidencia sí la recibió, pero esa interlocución llegó después del bloqueo de aeropuertos en aquel estado. A la Sección 22 no se le ha ofrecido todavía esa mesa, y a la CNTE como bloque tampoco. La pregunta sobre qué tipo de presión termina abriendo puertas en Palacio Nacional queda formulada en el plantón, donde lo único que se firma por ahora son las consignas y el cansancio de quienes llevan dos décadas exigiendo que alguien escriba, también, una respuesta.