El gobierno federal decidió hablar con los maestros sin pasar por sus dirigencias. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que a partir de agosto se realizará una consulta directa con maestras y maestros de todo el país, escuela por escuela, para definir la transformación de la USICAMM. "Ya no a las cúpulas sindicales, sean de la CNTE u otros, nos vamos a ir con los maestros directo", dijo.
El anuncio llegó después de que el miércoles, tras horas de diálogo, los líderes de la Coordinadora decidieran movilizarse durante la inauguración del Mundial. Las mesas con la CNTE continuarán, precisó la presidenta, pero cuestionó "¿por qué estar nada más encerrados en una representación sin saber realmente si se informan a todos los acuerdos o propuestas que se hacen"? En esa frase está el movimiento de fondo: el Estado mexicano dejó de tratar a la Coordinadora como interlocutora suficiente y abrió una disputa abierta por la representatividad del magisterio frente a sus propias bases.
Para entender dónde cae ese golpe conviene mirar la Sección 22 de Oaxaca, el contingente más numeroso de la CNTE, con cerca de 80 mil agremiados en paro indefinido desde el 25 de mayo. La Sección 22 no es un bloque. Sus decisiones reales se toman en asambleas estatales donde las corrientes internas discuten y votan; las instancias oficiales operan como trámite, y el poder efectivo reside en esas corrientes. Praxis, la Unión de Trabajadores de la Educación, la Codemo, la Liga Clasista Magisterial Popular, el FACMEO y el Magisterio Magonista Zapatista, entre otras agrupaciones, conviven en equilibrios que se rehacen en cada coyuntura. Desde 1992, con la captura de espacios administrativos en el IEEPO, a las diferencias ideológicas se sumó la disputa por recursos económicos y control de plazas.
El patrón histórico es conocido en Oaxaca: las movilizaciones fallidas agudizan las diferencias entre corrientes, que toman posiciones de cara a la renovación de la dirigencia seccional. Frente a la confrontación externa los grupos suelen cerrar filas; cuando el costo del conflicto crece, siempre hay una o dos corrientes dispuestas a capitalizar el desgaste de la conducción en turno. Ese ciclo ya está en marcha: la dirigencia de Yenny Aracely Pérez Martínez convocó a una Asamblea Estatal Permanente para analizar el rumbo del movimiento ante el evidente desgaste de la base, a más de dos semanas de huelga sin resultados. La consulta federal de agosto ofrece a cualquier corriente inconforme un argumento hecho a la medida: si el gobierno pregunta directamente a las escuelas, la asamblea estatal deja de ser el único lugar donde se procesa la voluntad del magisterio. Lo que la CNTE llama división inducida, algunas de sus corrientes pueden leerlo como oportunidad.
Mientras esa disputa se resuelve, la cuenta la paga la población. En Oaxaca, las aulas llevan 17 días cerradas y los bloqueos al aeropuerto, a las casetas y a las instalaciones de Pemex se han vuelto rutina; a nivel nacional, la huelga indefinida suspendió clases para millones de alumnos de educación básica, en escuelas que ya arrastraban un ciclo escolar incompleto. Los padres de familia improvisan cuidado infantil; los alumnos de comunidades sin internet ni acompañamiento acumulan rezago sobre rezago.
Del otro lado, el expediente oficial tampoco está limpio. El propio magisterio documenta que la mayoría de sus reclamos no avanzó pese a las mesas tripartitas: la entrega de recursos para uniformes escolares, la dotación de mobiliario tecnológico, la contratación de docentes y el pago de horas‑clase e incidencias siguen pendientes. El pliego de 2026 retoma demandas de años anteriores precisamente porque no hubo cumplimiento de los gobiernos estatal y federal. Las escuelas sin techo, sin maestros suficientes y sin materiales existían antes del paro y seguirán ahí cuando termine.
En agosto, cuando arranque la consulta, los maestros de cada escuela tendrán enfrente dos ofertas de representación: la de un gobierno que incumple acuerdos y la de una dirigencia que administra un paro cuyo costo recae en quienes no participan de él. Entre ambas, los alumnos y sus familias siguen siendo los únicos actores de este conflicto que no eligieron estar en él.