En marzo de 2026 comenzó en México el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud, una iniciativa que promete transformar radicalmente la atención médica pública. La nueva identificación, que reemplazará las credenciales del IMSS, ISSSTE e IMSS‑Bienestar, estará vinculada a un expediente médico electrónico único y permitirá que cualquier ciudadano reciba atención en cualquier institución pública del país.
La meta gubernamental es ambiciosa: que más de 65 millones de personas reciban la nueva credencial durante el primer año y que el sistema esté plenamente operativo antes de concluir 2027. El gobierno federal ha presentado avances concretos: 29 hospitales puestos en operación, 70 quirófanos modernizados y un abasto de medicamentos que alcanza el 85 por ciento general y el 95 por ciento en tratamientos oncológicos.
Sin embargo, detrás de esta promesa de integración y eficiencia se oculta un riesgo que pocos están dispuestos a nombrar; la homologación podría significar, en la práctica, una nivelación hacia abajo de la calidad de la atención y la dotación de medicamentos.
El riesgo de la homologación hacia abajo
El temor fundamental es que la unificación de criterios y procedimientos no implique elevar los estándares de las instituciones con menor capacidad, sino reducir los de aquellas con mejor desempeño. En un país donde persisten profundas desigualdades en la infraestructura sanitaria, la pretensión de tratar a todos por igual puede traducirse en atender a todos con lo mínimo indispensable.
La reforma a la Ley General de Salud, que entró en vigor en enero de 2026, ha generado preocupación entre organizaciones de pacientes y expertos. El candado legal que obligaba a destinar el ocho por ciento del Fondo de Salud para el Bienestar, exclusivamente a enfermedades de alto costo, fue eliminado. Al parecer, ahora un Comité Técnico controlado por el gobierno decidirá discrecionalmente qué pacientes y qué enfermedades recibirán atención.
Los números son alarmantes, el fondo pasó de 93 mil millones de pesos en 2018 a apenas 32 mil millones actualmente. Los niños con cáncer atendidos bajaron de 2 700 a solo 300, mientras que las mujeres con cáncer de mama pasaron de 8 300 a 2 500. Estas cifras, aunque no oficiales porque provienen de la prensa, pintan un panorama sombrío sobre lo que podría ocurrir cuando los recursos se diluyen en lugar de concentrarse en las necesidades más urgentes.
Una credencial sin medicinas
El riesgo más evidente es que la nueva credencial se convierta en un documento que acredite el derecho a recibir atención, pero que no garantice la existencia de los medicamentos necesarios. De nada sirve una identificación única si los anaqueles de las farmacias hospitalarias permanecen vacíos.
La fragmentación, aún vigente, del sistema sanitario mexicano, tenía una lógica perversa: permitía que ciertas instituciones mantuvieran estándares diferenciados. El IMSS, con su modelo de cuotas obrero‑patronales, podía garantizar un nivel de atención que el extinto Seguro Popular no alcanzaba. La homologación, en este contexto, podría significar que el IMSS se vea obligado a reducir sus estándares para igualarse al promedio, en lugar de que el sistema en su conjunto ascienda al nivel de los mejores.
La experiencia de otras reformas
Los intentos previos por universalizar la salud en México no han sido alentadores. El Insabi, creado en 2019 para sustituir al Seguro Popular, fue un proyecto que fracasó por falta de planeación y financiamiento. El IMSS‑Bienestar, que lo reemplazó, aún enfrenta desafíos estructurales para consolidarse.
La historia reciente sugiere que la ambición de cobertura universal, sin los recursos financieros y humanos suficientes, puede derivar en una universalización de la precariedad. La formación de 19 000 nuevos médicos especialistas reportada por el gobierno es insuficiente si no va acompañada de condiciones laborales dignas y de un sistema que garantice el suministro continuo de insumos.
El camino intermedio
La homologación no es, en sí misma, negativa. La posibilidad de que un paciente pueda ser atendido en cualquier institución del país, con un expediente médico único que evite la repetición de exámenes y mejore la continuidad de la atención, representa un avance civilizatorio. La digitalización de los expedientes clínicos y la interoperabilidad entre instituciones son pasos necesarios hacia un sistema más eficiente.
Sin embargo, la eficiencia no debe confundirse con la calidad. Un sistema puede ser muy eficiente en términos administrativos y, al mismo tiempo, ofrecer una atención deficiente. La pregunta que los ciudadanos debemos plantearnos es: ¿hacia dónde se está homologando la calidad?
Pues bien, desde mi punto de vista, el riesgo disminuye si (a) la atención preventiva (cuidado del estado de salud) se fortalece en las localidades (rancherías, pueblos, barrios, colonias, etc.) (b) la atención de primer nivel se homologa hacia la media de calidad; y (c) los servicios médicos de segundo y tercer nivel eleven radicalmente su calidad.
Conclusiones
En resumen, la identificación única para el sistema de salud pública mexicano representa una oportunidad histórica para superar la fragmentación que ha caracterizado la atención sanitaria en el país. Pero también encierra el riesgo de que la homologación se convierta en un mecanismo para nivelar hacia abajo los estándares de calidad.
La ciudadanía debe estar atenta a que la promesa de universalidad no se convierta en una excusa para recortar recursos, reducir la calidad de los medicamentos o limitar la atención a quienes más la necesitan. Una credencial que garantice el acceso es valiosa, pero solo si el acceso conduce a una atención efectiva y oportuna.
El gobierno federal ha dado pasos importantes al presentar cifras de abasto de medicamentos y expansión de infraestructura; pero la transparencia radical, esa que exige rendición de cuentas no solo sobre lo que se compra, sino sobre lo que realmente llega a los pacientes, será el verdadero termómetro para medir si la homologación es una mejora o un retroceso; y lo que propongo es observar la escala (niveles de atención médica) y verificar que como proceso de atención tengan, como mínimo, los estándares que propongo.