Nadia Sanabia/Periodistas Oaxaca
En 68 lenguas y 16 mil 728 comunidades, la consulta que reglamentará la reforma indígena de 2024 arrancó esta semana, y Oaxaca —donde se hablan más lenguas que en ningún otro estado— quedó al centro del recorrido.
El proceso es nacional, pero el mapa lo dibujan los pueblos. La etapa informativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos corre del 1 de julio al 6 de agosto, y en ese plazo servidores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas habrán de llevar el contenido de la iniciativa, panel por panel, a las 16 mil 728 comunidades inscritas en el Catálogo Nacional. Son 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano; alrededor de 25.8 millones de personas, una de cada cinco en el país.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la convocatoria el 29 de junio y ese mismo día se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina. La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde Luján, detalló las cinco etapas: tras la información vendrá la deliberación —del 7 de agosto al 13 de septiembre, con 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo—, luego el estudio y la adecuación del texto, y el 12 de octubre, Día de la Resistencia de los Pueblos, la iniciativa llegará a la Cámara de Diputados.
En la conferencia de este martes, el gobernador Salomón Jara Cruz tomó el dato y lo aterrizó en el territorio que gobierna: en Oaxaca se realizarán 19 foros de consulta en igual número de municipios, dentro de la etapa de diálogo. El mandatario describió el acto no como concesión sino como reivindicación, y vinculó el reconocimiento de derechos con la reforma al artículo segundo constitucional, que reconoce a los pueblos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La cifra oaxaqueña tiene quien la sostenga en el calendario nacional: una de las siete mesas de trabajo del proceso se instalará en San Pedro Ixtlahuaca, en los Valles Centrales. El estado, además, no es un escenario neutro. El director general del INPI, Adelfo Regino Montes —oriundo de Oaxaca, de la comunidad mixe—, es quien explicó que la propuesta se integra en ocho libros: del reconocimiento jurídico a la libre determinación, de los derechos de las mujeres y la juventud indígena a un nuevo juicio de amparo indígena y afromexicano para proteger derechos colectivos.
Para que el recorrido cuadre, la operación estatal se coordina con la Secretaría de Finanzas en el seguimiento administrativo y financiero, y la distribución de los materiales informativos depende de que la cobertura llegue, en los hechos, a cada una de las comunidades del catálogo. Ahí, en la logística, se juega buena parte de la promesa: una ley que las comunidades no conocen difícilmente podrán exigir.
El gobernador manifestó el respaldo de los pueblos de Oaxaca a la Presidenta y a la Cuarta Transformación, y enmarcó la defensa de la soberanía nacional en el reconocimiento de las raíces culturales. La parte que no se nombró en la conferencia —y que la consulta tendrá que responder en asamblea— es la de fondo: cómo se traduce el reconocimiento jurídico en tierra, salud, educación y justicia para quienes lo han esperado dos siglos.
El calendario, por ahora, está firmado. Lo que dirán las 16 mil 728 comunidades, incluidas las 19 que en Oaxaca tendrán foro propio, comenzará a escribirse en agosto.
Salomón Jara Cruz Claudia Sheinbaum Pardo Gobierno del Estado de Oaxaca Gobierno de México