Fernando Schütte Elguero
Durante muchos años los mexicanos aprendimos a respetar al policía. Nuestros padres nos enseñaban que su presencia significaba protección, orden y tranquilidad. Hoy, para millones de ciudadanos, ocurre exactamente lo contrario: cuando una patrulla se acerca, la primera reacción no es sentirse seguro, sino preguntarse si viene una extorsión, un abuso o un problema que terminará costando dinero.
La decisión de ampliar el número de policías facultados para imponer infracciones de tránsito en la Ciudad de México puede parecer una medida para fortalecer la seguridad vial. Sin embargo, el verdadero problema nunca ha sido cuántos policías pueden infraccionar, sino cuántos ciudadanos confían en ellos.
La sociedad está harta. Harta de policías que actúan fuera de su jurisdicción. Harta de agentes que no portan su gafete de identificación o se niegan a mostrarlo. Harta de patrullas sin placas o con números económicos casi invisibles. Harta de operativos donde la ley termina siendo negociable dependiendo del efectivo que lleve el conductor.
Lo más grave es que este fenómeno no es exclusivo de una ciudad. Se repite en prácticamente todo el país. Durante años la corrupción cotidiana ha deteriorado la credibilidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Mientras tanto, los buenos policías pagan el desprestigio provocado por quienes utilizan el uniforme para beneficio personal.
También existe otra realidad incómoda que pocas autoridades quieren reconocer. En muchas corporaciones los propios elementos deben pagar gasolina, llantas, mantenimiento de las patrullas e incluso municiones para poder realizar su trabajo. Ese abandono institucional termina alimentando una cadena de corrupción cuyos costos siempre recaen sobre los ciudadanos.
Y mientras eso ocurre, el deterioro institucional sigue avanzando. En muchas regiones del país la población sabe que para resolver un problema ya no basta acudir con el presidente municipal, el secretario de Seguridad o el gobernador. La percepción es que quien realmente manda es el cacique o el grupo criminal que controla el territorio. Esa sola realidad debería avergonzar a cualquier gobierno.
Si verdaderamente se quiere recuperar la confianza ciudadana, no basta con otorgar más facultades para sancionar. Es indispensable depurar las corporaciones, profesionalizar a sus integrantes y establecer controles obligatorios para todos: cámaras corporales funcionando durante todo el servicio, identificación plenamente visible, patrullas perfectamente identificadas, geolocalización y registro electrónico de cada infracción para impedir cualquier discrecionalidad.
La autoridad necesita recuperar el respeto, pero el respeto no se decreta. Se gana todos los días con honestidad, profesionalismo y ejemplo.
Los mexicanos no están cansados de que se aplique la ley. Están cansados de que se aplique de manera selectiva y, peor aún, de que algunos servidores públicos la utilicen como instrumento de corrupción.
La paciencia de la sociedad se agotó hace mucho tiempo. Lo que hoy exige no son más discursos ni más anuncios. Exige policías que honren el uniforme, gobiernos que limpien sus instituciones y autoridades que entiendan que la confianza ciudadana se pierde una sola vez y puede tardar generaciones en recuperarse.
@FSchutte – Consultor y analista.