Quien carga tortillas hasta la Central de Abastos y el taxista foráneo que aún se resiste, comparten hoy una misma sombra: alguien los amenaza para afiliarse y exigirles cuota para trabajar. El gobierno de Oaxaca admite conocer denuncias e inicia revisión “a fondo”
NADIA SANABIA
La escena se repite sin variar demasiado y afecta a todos los comerciantes de la zona: un vendedor de flores baja del transporte foráneo en las orillas de la Central de Abastos Margarita Maza de Juárez, camina un tramo y, en algún punto de esa ruta, se topa con quienes le dicen cuánto debe pagar y a qué organización debe sumarse si quiere seguir vendiendo. Las denuncias se concentran contra la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO).
Este jueves, en la mesa de seguridad realizada en la capital, un periodista le puso el tema enfrente al secretario de Gobierno, José de Jesús Romero López. Le preguntó si el gobierno sabía de grupos que ejercen presiones y cobran piso a transportistas y a vendedores de tianguis. La respuesta fue larga en principios y breve en nombres, pero contuvo una admisión que vale la pena aislar: sí hemos tenido información, denuncias, dijo el responsable de la política interior del estado, y el Gabinete de Seguridad ya lo había analizado.
El titular de la política interior no acusó a nadie, pero aceptó, en plural, que las denuncias existen y que golpean a los más pobres.
No hubo señalamiento directo. Hubo, en cambio, una preocupación expresada con claridad: que se esté yendo a presionar a los más pobres, a las familias más necesitadas, a los diableros, a los taxistas, para hacerlos parte de un grupo.
Contra esa presión, Romero López ofreció una salida que apela directamente a quien la padece. Pidió no pagar y denunciar —a los tianguistas les habló de tú: si llegan diez o veinte a cobrarles, que no paguen, que denuncien, y que la policía llegará a actuar— y anunció que la Secretaría de Seguridad Pública habilitará un área para recibir esas quejas, provengan de la Central de Abastos, de las calles o de los tianguis. La apuesta, sin embargo, requiere la disposición del afectado a dar el paso, en un entorno donde muchos, según los propios concesionarios, callan por amenazas y miedo.
El secretario enmarcó todo en la libertad sindical. Nadie en Oaxaca, repitió, puede ser obligado a pertenecer a ningún sindicato; la afiliación debe ser voluntaria y así lo tutelan los artículos 9 y 123 constitucionales. De ahí derivó la medida concreta del día: una revisión jurídica de todos los sindicatos del estado —acta constitutiva, toma de nota, registro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y cumplimiento fiscal— para informarle al ciudadano cuál es un sindicato y cuál es apenas una asociación a la que tampoco nadie está obligado a entrar. Reconoció manejar un catálogo de seis sindicatos consolidados y sospechar que muchas agrupaciones no están plenamente registradas.
Romero López no nombró a ninguna organización. Pero las denuncias públicas que dieron origen a esta discusión sí tienen destinatario: en las redes sociales circulan fotos de recibos de pago y avisos de montos que diableros y carreteros debían pagar por viaje.
Concesionarios de taxis foráneos, y antes que ellos la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Oaxaca, han señalado a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca —la ASAEO— por presionar a afiliarse y por exigir cuotas para operar cerca de la Central. Son señalamientos de particulares, no imputaciones acreditadas ante autoridad; ninguna de esas denuncias ha derivado, hasta ahora, en un proceso que las confirme. Consignarlas es obligado; darlas por probadas, no.
La revisión promete decir cuál sindicato lo es y cuál no; falta saber si alcanzará a las organizaciones que los propios afectados ya nombraron.
De modo que la revisión jurídica anunciada tiene, de entrada, una vara para medirse. Si el objetivo es informarle al pueblo qué organizaciones cumplen la ley y cuáles no, la prueba estará en si ese escrutinio llega a las agrupaciones que los concesionarios y los hoteleros ya venían denunciando por escrito, o si se queda en un ejercicio general que no toca a nadie en particular. El secretario ofreció un plazo inmediato: desde esa misma semana. El historial oaxaqueño de revisiones anunciadas y no concluidas es el contexto que ningún funcionario menciona, pero que cualquier vendedor de la Central recuerda.
Romero López cerró con una comparación que también es una defensa de su gestión: dijo que en esta administración no ha habido enfrentamientos mortales por obras, a diferencia de la anterior, cuando —recordó— hubo balaceras y hubo muertos. Y deslizó que hay quienes politizan estos temas y los convierten en agenda personal. No dio nombres en ese punto tampoco, aunque el reclamo por el reordenamiento tiene desde hace semanas voceros identificados en el Partido del Trabajo, que despachan desde el Congreso federal.
Entre la libertad sindical exigida por la Constitución y señalada por el secretario; y las denuncias de extorsiób, admitidas también por Romero López, queda un amplio espacio donde caben las amenazas de todos los días contra el trabajo que sustenta a miles de familias.