Durante muchos años nos hicieron creer que el mayor temor de los mexicanos debía ser la delincuencia. Hoy, para millones de ciudadanos, la preocupación es doble: encontrarse con un criminal… o con una autoridad deshonesta. Cuando el uniforme deja de representar protección y el Ministerio Público deja de representar justicia, el Estado comienza a perder su razón de ser.
La primera obligación del Estado no es recaudar multas, llenar estadísticas ni organizar conferencias de prensa. Su obligación fundamental es proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. Sin embargo, una parte importante de la población ha dejado de ver a algunas autoridades como aliadas y comienza a percibirlas como un riesgo adicional.
No hablo de todos los policías ni de todos los ministerios públicos. Sería injusto. México cuenta con miles de mujeres y hombres que cumplen su deber con profesionalismo, arriesgan la vida todos los días y reciben salarios que muchas veces no corresponden a la responsabilidad que asumen. Precisamente por respeto a ellos, resulta indispensable denunciar a quienes deshonran el uniforme y degradan las instituciones.
En muchas ciudades del país se ha vuelto común observar a policías preventivos realizando detenciones o interviniendo en asuntos que corresponden a otras corporaciones. El ciudadano promedio desconoce los límites legales de cada autoridad y termina sometido al criterio del agente que tiene enfrente. Esa incertidumbre abre la puerta a la arbitrariedad, al abuso y, con demasiada frecuencia, a la extorsión.
El problema no termina en la calle. Continúa cuando la víctima cruza la puerta de una agencia del Ministerio Público. Lo que debería ser el inicio del acceso a la justicia suele convertirse en un auténtico viacrucis: largas esperas, expedientes que no avanzan, investigaciones deficientes, servidores públicos indiferentes y una percepción generalizada de que las influencias o el dinero pesan más que el derecho. La víctima del delito termina siendo, muchas veces, víctima del propio sistema.
Mientras tanto, la ilegalidad cotidiana avanza casi sin resistencia. Motocicletas circulando sobre banquetas. Automóviles estacionados donde les conviene. Comercios apropiándose del espacio público. Apart a lugares que cobran por calles que pertenecen a todos. Valet parking que convierten la vía pública en extensión de negocios privados. La pregunta es inevitable: ¿dónde está la autoridad?
Y cuando aparece, con demasiada frecuencia pareciera concentrarse en quien resulta más fácil sancionar, mientras las conductas que verdaderamente deterioran la convivencia permanecen intactas. La aplicación selectiva de la ley termina siendo otra forma de injusticia.
Más preocupante aún resulta el silencio de muchas instituciones creadas precisamente para vigilar el comportamiento de los servidores públicos. Los órganos internos de control rara vez generan confianza ciudadana. Las sanciones ejemplares son excepcionales. Las comisiones de derechos humanos suelen concentrar buena parte de su atención en los abusos cometidos durante operativos, lo cual es indispensable en un Estado democrático, pero pocas veces se convierten en una voz firme frente al ciudadano que también ve vulnerados sus derechos por la corrupción, la negligencia o la omisión de las autoridades encargadas de procurarle justicia.
El resultado es devastador. La corrupción deja de ser un problema individual para convertirse en un fenómeno institucional. Cada acto de extorsión, cada carpeta de investigación abandonada, cada abuso de autoridad y cada servidor público protegido por la impunidad erosionan un poco más la confianza en el Estado. Y cuando los ciudadanos dejan de creer en las instituciones, la delincuencia encuentra el terreno ideal para crecer.
Durante décadas hemos cambiado nombres de corporaciones, reformado leyes, modificado estructuras administrativas y anunciado nuevas estrategias nacionales de seguridad. Pero ninguna reforma tendrá éxito mientras no exista una decisión política inquebrantable para investigar y sancionar a quienes traicionan la función pública. La corrupción institucional no puede seguir siendo un costo asumido por la sociedad.
La seguridad pública no comienza con más patrullas ni con operativos espectaculares. Comienza cuando el ciudadano sabe que será tratado con legalidad, imparcialidad y respeto por cualquier autoridad. Comienza cuando el policía honesto sabe que el compañero corrupto no será protegido. Comienza cuando el agente del Ministerio Público entiende que su lealtad es con la ley y no con intereses particulares.
México necesita combatir con toda la fuerza al crimen organizado. Pero también necesita recuperar la integridad de sus instituciones. Porque un país donde el ciudadano se siente atrapado entre el delincuente y la autoridad es un país donde el Estado de derecho ha comenzado a resquebrajarse. Y ninguna nación puede aspirar a la paz mientras la confianza en la justicia siga siendo una de sus mayores víctimas.
@FSchutte
Consultor y Analista