El gremio periodístico de Oaxaca se reunió con el gobernador para reclamar el esclarecimiento del homicidio y exigir que la investigación federal llegue hasta el fondo
Nadia Sanabia/ Periodistas Oaxaca
Oaxaca de Juárez, 24 de julio de 2026.- La reunión empezó con un minuto de silencio. Después, la exigencia: justicia por Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el periodista asesinado a balazos el miércoles 22 de julio mientras desayunaba en un puesto de comida del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, a unas cuadras de su casa. Exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y autor de la columna “El Zumbido del Moscardón”, Leyva había publicado su última entrega horas antes de morir. Tenía denuncias presentadas y amenazas documentadas. No tenía protección. Así lo determinó el mismo comunicador.
Ese fue el motivo de la convocatoria y, para varios de los reunidos, debía seguir siéndolo. Un periodista pidió que la mesa se concentrara en el caso Leyva y que no se perdiera el foco en la exigencia de justicia. Antes que protocolos y leyes, dijo, correspondía atender de manera esencial el esclarecimiento del homicidio; lo demás tendría su momento, pero no debía desplazar el reclamo que había reunido al gremio esa mañana.
El gobernador Salomón Jara Cruz fijó su posición: rechazo a la violencia, colaboración con la Fiscalía General de la República —que ya atrajo el caso— y disposición a comparecer si se le convoca. Descartó pedir licencia al cargo. A las preguntas directas sobre su hermano y sobre funcionarios señalados por el propio periodista, respondió que no hay pruebas y que corresponde a la Fiscalía determinar responsabilidades. Dijo que nadie está por encima de la ley, “pertenezca a la organización que sea”. Sobre los señalamientos públicos que lo colocan como responsable del crimen, sostuvo que serán la investigación federal, y no las redes ni las columnas, quienes fijen la verdad.
La Fiscalía estatal, encabezada por Bernardo Rodríguez Alamilla, divulgó un retrato hablado y mantiene a cuatro personas en calidad de presentadas —no detenidas—, mientras la FGR asume la conducción del caso a través de la fiscalía especializada en libertad de expresión. Con Leyva Aguilar suman siete periodistas asesinados en México en lo que va de 2026, según Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa. La Coordinación de Atención a Derechos Humanos del estado leyó además una lista de comunicadores con expedientes de seguimiento —entre ellos Pedro Matías, amenazado de nuevo días atrás—, cada nombre un antecedente de lo que no se previno.
Fue en ese terreno donde la mesa se volvió incómoda para todos, no solo para el gobierno. Varias reporteras pusieron sobre la mesa algo que el discurso de la protección suele omitir: la prensa quedó atrapada en una guerra entre grupos políticos. Hay campañas de adversarios del gobernador que también golpean a los reporteros, no solo campañas tildadas de oficiales; el fuego cruzado alcanza a quienes están en medio. Y de ahí siguió un llamado hacia adentro, del gremio hacia el gremio: asumir la parte de responsabilidad que le toca en el rejuego político donde periodistas se involucran con grupos políticos y asumen posturas que trascienden al ejercicio periodístico, en lugar de trasladar la responsabilidad entera al poder.
El ejemplo fue la conferencia matutina del gobernador. Se estigmatiza como “periodistas de gobierno” a quienes la cubren y se habla de “exclusión” contra quienes no asisten cuando la mañanera es abierta y el único filtro es inscribirse, porque el cupo ronda las cuarenta personas. En un estado donde se habla de mil quinientas personas que se asumen como periodistas, es materialmente imposible que todas quepan cada mañana en la misma sala. Quienes acuden lo hacen como parte de un oficio de años; quienes no acuden hablan de exclusión, y quienes sí van cargan con la acusación de estar comprados. La descalificación entre colegas, señalaron, hace el trabajo que a nadie más le conviene que se haga.
También se planteó, sin eufemismos, que algunas campañas de desprestigio contra reporteros críticos saldrían de la propia Coordinación de Comunicación Social del gobierno. La respuesta oficial fue una investigación interna y la invitación a acercar pruebas.
Igualmente se preguntó al gobernador si llevaría adelante la realización del “catálogo de medios” que “odian” a su gobierno para no responder señalamientos de dichas voces, mismo que adelantó en su conferencia del pasado martes -un día antes del asesinato de Leyva; respondió que daría marcha atrás, que no habrá dicho catálogo y responderá todo.
Quedó, del lado de los comunicadores, la exigencia de que se investiguen todas las cuentas y todos los personajes que lucran con el crimen —vengan de donde vengan—, y que la autoridad en general, lo que incluye a cada uno de los funcionarios estatales, deje de escudarse en Comunicación Social para no responder cuestionamientos de manera directa.
El punto que atravesó la sala no fue el homicidio, sino lo que lo precede: la desconfianza. Comunicadores explicaron por qué Leyva no aceptó medidas cautelares y por qué muchos no denuncian —no confían en las instituciones que deberían protegerlos. Contaron amenazas en sus domicilios, intentos de intimidación a sus familias, denuncias que nunca presentaron. Ejercen, dijeron, autocensura. El gobernador reconoció esa desconfianza y prometió que reconstruirla sería una prioridad; la prioridad, en rigor, existía desde antes.
Sobre ese fondo llegaron las demandas de las agrupaciones. El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa recordó que la Ley Estatal de Protección y Seguridad a la Actividad Periodística —con protocolos de acceso a mecanismos de protección y un fondo para periodistas y sus familias— sigue detenida en el Congreso pese a haberse discutido en foros por la Mixteca, la Costa, la Cuenca y el Istmo. Otra representación propuso un Comité Estatal de Atención y Protección Integral a Periodistas, integrable en 72 horas sin esperar los tiempos legislativos. Se pidió también una comisión especial con los poderes Legislativo y Judicial, y explorar un seguro de vida para trabajadores de medios. El gobierno se comprometió a revisar ambas vías.
Los acuerdos quedaron con hora. Una mesa de atención inmediata encabezada por el secretario de Gobierno, Jesús Romero; una reunión el martes a las 10:30, abierta a todos los periodistas; el compromiso de trabajar la ley con la mesa directiva de diputados; encuentros el primer lunes de cada mes. El gobernador ofreció además cambiar la forma de sus conferencias y llevar a las reuniones regionales con presidentes municipales un mensaje sobre el derecho de la prensa a preguntar y el deber de la autoridad a responder.
Pero la pregunta que la mesa repitió sin respuesta —¿a quién beneficia este crimen?— ya no puede contestarla ninguna instancia estatal por sí sola: la investigación es federal. Entre la promesa y su cumplimiento se abre el mismo espacio que dejó una ley discutida en cuatro regiones y detenida en el Congreso, y la misma desconfianza que hizo que un periodista amenazado prefiriera no ser protegido por quien debía protegerlo. Los reunidos se despidieron con una consigna y una advertencia: que la exigencia de justicia por Leyva no se olvide, y que no sea en vano.