Un mes después de irrumpir en el plantel de Río Grande, la Semar ofreció disculpas y admitió una “conducta inadecuada”. No nombró los cortes de cartucho, las amenazas ni al estudiante golpeado que denunciaron los jóvenes
Nadia Sanabia · Periodistas Oaxaca · Oaxaca de Juárez, 27 de julio de 2026
La tarde del jueves 25 de junio, mientras la Costa oaxaqueña entraba en la temporada de lluvias, un grupo de estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Río Grande hacía lo que los normalistas suelen hacer para organizarse: reunirse, discutir. Lo que ocurrió después se parece más a una escena del viejo México autoritario que al del México que el régimen cuatroteísta publicita. Según el relato de los estudiantes, elementos de la Secretaría de Marina entraron al plantel sin orden judicial, cortaron cartucho, profirieron amenazas y golpearon a uno de sus compañeros.
Un mes y dos días más tarde, el 27 de julio, la Vigésima Zona Naval con sede en Santa Cruz Huatulco publicó una disculpa. La institución armada reconoció la afectación y la incertidumbregeneradas en la comunidad estudiantil y magisterial, y admitió que su investigación interna había detectado una conducta inadecuada del personal naval involucrado.
La institución admitió una “conducta inadecuada”. Los estudiantes habían hablado de cortes de cartucho, amenazas y un compañero golpeado.
Entre el comunicado y la denuncia hay un abismo de sustantivos. Los estudiantes, agrupados en el Comité Ejecutivo Estudiantil y respaldados por la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca, describieron amedrentamiento, violencia física y psicológica, persecución dentro de las instalaciones y, en al menos una versión, el robo de pertenencias. La Marina, en cambio, ofrece una categoría administrativa.
El documento oficial guarda además una clave: La disculpa no nace de un impulso institucional, se emite, dice el propio texto, en atención a los acuerdos derivados de la reunión de trabajocelebrada el mismo 25 de junio entre la representación de la Sección 22 de la CNTE, el Gobierno del Estado y la Marina. Es decir, la disculpa fue pactada en una mesa a la que los estudiantes agredidos no se sentaron.
Sin la presión organizada del magisterio y sin la movilización estudiantil —la CENEO marchó desde la Fuente de las Ocho Regiones hasta el Zócalo capitalino— la palabra disculpa no figuraba en el primer comunicado de la Marina.
La disculpa se emitió “en atención a los acuerdos” de una mesa entre la Sección 22, el gobierno estatal y la Marina. Los estudiantes agredidos no se sentaron a ella.
Porque hubo, antes, otra versión. En sus primeras reacciones tras la difusión de videos e imágenes, la dependencia negó los hechos: sostuvo que no tenía registro de la participación de personal, vehículos o unidades navales en el plantel, y aseguró que sus elementos solo realizaban recorridos de seguridad en la región. Horas después matizó y anunció una investigación interna. Un mes más tarde, esa misma investigación concluye que sí hubo conducta indebida. El tránsito de no fuimos nosotros a hubo una conducta inadecuada ocurrió sin que mediara, en el texto público, una explicación de qué cambió.
La disculpa incluye tres compromisos concretos. La Marina promete aplicar medidas correctivas contra quienes resulten responsables sin excepción ni dilación; declara una postura de cero tolerancia; y se obliga a no ingresar a ninguna escuela normal del estado ni interferir en sus actividades salvo mandato judicial expreso. El tercer punto es el más verificable: describe una conducta futura observable. Los otros dos dependen de expedientes que, por ahora, nadie fuera de la institución puede consultar.
Queda también una ausencia absoluta de nombres y cifras. El comunicado no informa cuántos elementos participaron, de qué unidad, bajo qué mando, ni si alguno ha sido separado del cargo mientras se investiga. No menciona al estudiante golpeado ni ofrece reparación. La disculpa se dirige a la comunidad estudiantil, docente y magisterial y a la opinión pública, en abstracto; no a la persona concreta que, según la denuncia, terminó lastimada aquella tarde.
Para el movimiento normalista, acostumbrado a leer la relación con el Estado en clave de memoria larga, el episodio tiene un peso que excede a Río Grande. Las normales rurales y regionales cargan una historia nacional en la que la palabra represión no es una figura del lenguaje. Que una fuerza armada se comprometa por escrito a no entrar a un plantel sin orden judicial es, en ese marco, menos una concesión que un mínimo. El valor del documento se medirá en la primera ocasión en que ese mínimo se ponga a prueba.
Por lo pronto, el papel existe, con fecha y membrete. Los normalistas pedían que se investigara y se deslindaran responsabilidades; obtuvieron una disculpa y una investigación en curso. Falta lo que el comunicado no dice: qué pasó con precisión, quién lo hizo y qué consecuencia tendrá.