Fernando Schütte Elguero
Durante meses se construyó la narrativa de que la estrategia de seguridad estaba dando resultados. Las cifras oficiales hablaban de una reducción en algunos delitos y el discurso gubernamental insistía en que la situación mejoraba. Sin embargo, la realidad suele abrirse paso con una fuerza que ningún boletín de prensa puede contener.
En los últimos días volvimos a observar escenas que parecían pertenecer a los años más oscuros de la confrontación entre organizaciones criminales. Diez cuerpos abandonados en Zacatecas, cinco de ellos colgados de un puente; el asesinato de un presidente municipal; hechos violentos en distintos puntos del país y nuevos indicios de infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno. Son acontecimientos que, más allá de su gravedad individual, parecen formar parte de un mismo fenómeno: el resurgimiento de una violencia cada vez más abierta y desafiante.
Una explicación que comienza a cobrar fuerza sostiene que el equilibrio que durante algún tiempo mantuvo relativamente contenida la confrontación entre grupos criminales podría haberse roto. Si esa hipótesis es correcta, estaríamos presenciando una nueva etapa de disputa por territorios, rutas, mercados y espacios de poder, con la población nuevamente atrapada en medio del fuego cruzado.
Lo verdaderamente preocupante es que la violencia vuelve a utilizarse como un instrumento de comunicación. Los cadáveres colgados de puentes no buscan únicamente eliminar adversarios. Constituyen un mensaje deliberado de poder. Son una amenaza directa a las autoridades públicas, una advertencia de que los grupos criminales pueden desafiar al Estado, imponer condiciones y decidir quién ejerce realmente el control en determinadas regiones. Es terrorismo criminal: violencia diseñada para sembrar miedo, paralizar instituciones y demostrar capacidad de intimidación.
La seguridad no puede medirse únicamente con estadísticas. Debe evaluarse por la capacidad del Estado para impedir que los grupos criminales dicten las reglas, capturen gobiernos locales, corrompan instituciones o conviertan el miedo en una forma de gobierno. Cuando la corrupción protege a la delincuencia y la impunidad se vuelve costumbre, la violencia termina por ocupar los espacios que el Estado deja vacíos.
Además, cada acto de barbarie de esta naturaleza tiene consecuencias que trascienden nuestras fronteras. Cada cuerpo colgado de un puente, cada autoridad asesinada y cada demostración pública del poder criminal alimentan la percepción internacional de que el Estado mexicano enfrenta serias dificultades para ejercer plenamente su autoridad en parte de su territorio. Esa percepción fortalece a quienes, desde Estados Unidos, sostienen que los cárteles representan una amenaza directa para su seguridad nacional y utilizan esos hechos para justificar una mayor presión política e incluso medidas extraordinarias para combatirlos.
La soberanía no se defiende con discursos. Se defiende demostrando que el Estado puede imponer la ley en todo el territorio nacional. Los cárteles no necesitan derrotar al Estado; les basta con convencer a la sociedad de que el Estado ya no puede derrotarlos. Y cuando ese mensaje comienza a ser creíble, la violencia deja de ser únicamente un problema de seguridad para convertirse en una auténtica crisis de gobernabilidad.
@FSchutte
Consultor y analista