Fernando Schütte Elguero
Hay semanas en las que los acontecimientos políticos parecen aislados. Y hay otras en las que, vistos en conjunto, empiezan a dibujar un escenario que resulta difícil ignorar. Esta es una de ellas.
Estados Unidos canceló la visa de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, hijo del expresidente y secretario de Organización de Morena. La respuesta desde México fue previsible: se habló de injerencia, persecución política y falta de pruebas. El propio Andy calificó la decisión estadounidense como política y propagandística.
Casi simultáneamente aparecieron nuevos audios difundidos por Carlos Loret de Mola y Latinus, atribuidos a los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán, personajes cercanos al entorno de los hijos de López Obrador. En las conversaciones se habla de contactos con “El Tanque”, identificado como un operador vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, y de la intervención de personajes relacionados con el crimen organizado en negocios en Veracruz.
Los audios no constituyen una sentencia judicial ni permiten afirmar automáticamente que Andy sea responsable de algún delito. Pero tampoco pueden despacharse simplemente como propaganda. Son elementos que deben investigarse.
Mientras esto sucede, el gobierno mexicano parece más interesado en cuestionar a Estados Unidos que en explicar lo que ocurre dentro de México. Y existe, además, un problema mucho más profundo: una parte importante de la sociedad mexicana está convencida de que existen vínculos o protección entre sectores del poder y grupos delincuenciales. Podrá negarse todas las mañanas desde Palacio Nacional, pero la percepción está ahí. Y cuando la confianza pública se pierde, no se recupera con discursos: se recupera con investigaciones, explicaciones y resultados.
La fiscal general, Ernestina Godoy, revivió el caso del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos para hablar de posibles violaciones a la soberanía mexicana y cuestionar la actuación estadounidense. Jurídicamente podrá haber preguntas legítimas sobre cómo salió Zambada del país. Políticamente, sin embargo, la conferencia resulta difícil de separar del momento en que se produjo: cuando se acumulan cuestionamientos sobre personajes cercanos al anterior gobierno, el tema central vuelve a ser lo que hizo Washington.
Y Washington continúa avanzando.
Esta semana Buenos Aires es sede de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada conjuntamente por Argentina y la DEA estadounidense. El mensaje es importante: la estrategia contra los cárteles mexicanos dejó hace tiempo de ser exclusivamente bilateral. Estados Unidos está construyendo una política continental contra organizaciones criminales que ya considera amenazas transnacionales.
El caso más delicado continúa siendo Sinaloa.
El gobernador Rubén Rocha Moya enfrenta una acusación formal presentada en una corte federal estadounidense por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. México sostiene que Washington todavía no ha remitido la información necesaria para proceder en su contra. Mientras tanto, Rocha permanece en el centro de una crisis política que dificilmente puede considerarse resuelta.
Y está Tabasco.
Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, permanece detenido y acusado de haber encabezado La Barredora, organización vinculada por las autoridades al CJNG. Bermúdez acaba de romper el silencio desde el Altiplano para declararse inocente y denunciar persecución política.
Pero lo verdaderamente sorprendente es otro silencio: el político.
¿Cómo pudo un secretario encargado precisamente de combatir al crimen organizado ocupar una posición tan sensible mientras, según las acusaciones, encabezaba una estructura criminal? ¿Quién lo nombró? ¿Quién recibió sus informes? ¿Quién participaba en las mesas de seguridad? ¿Nadie observó nada?
No se trata de declarar culpable a Adán Augusto López ni a ninguna otra persona sin pruebas. Se trata de exigir explicaciones políticas.
Durante años Andrés Manuel López Obrador construyó buena parte de su legitimidad alrededor de tres principios: no mentir, no robar y no traicionar. Hoy existen demasiadas preguntas alrededor de personas que formaron parte de su gobierno, de su movimiento o del entorno de su propia familia.
Las instituciones tienen la obligación de investigar y los señalados tienen derecho a defenderse.
Pero hay algo que una democracia no puede aceptar: que frente a cada nueva revelación la respuesta sea desacreditar al mensajero, invocar la soberanía o guardar silencio.
Porque cuando las coincidencias comienzan a acumularse, el silencio también se convierte en noticia.
@FSchutte
Consultor y analista