๏ Participaron diputadas, especialistas, representantes de organizaciones e instituciones
๏ Necesario garantizar que los y las mexicanas en el exterior ejerzan plenamente sus derechos: diputado Vázquez González
La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el diputado Pedro Vázquez González (PT), llevó a cabo el ciclo de mesas de especialistas y actores: “Los derechos de las personas mexicanas en el extranjero. El caso de la movilidad laboral: México, Estados Unidos y Canadá”, cuyo objetivo fue revisar los programas de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) y el de Extranjeros Temporales (PTET).
También, los permisos temporales de trabajo y certificación laboral conocidos como visas H‑2A y H‑2B estadounidenses, en el marco de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de las personas trabajadoras mexicanas en el exterior.
Al inaugurar la mesa, el diputado Vázquez González dijo que es necesario el análisis y el diálogo que permita conocer desde distintas perspectivas las condiciones que enfrentan las personas trabajadoras mexicanas contratadas temporalmente en Estados Unidos y Canadá.
De igual forma, identificar los principales retos y áreas de oportunidad en la operación de programas, particularmente en materia de protección, acceso a la justicia, acompañamiento institucional y el tema consular.
“La movilidad laboral debe ser una vía para generar oportunidades y desarrollo, no una puerta de entrada a la vulnerabilidad o a la explotación. Por ello, desde esta Comisión reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo los instrumentos jurídicos e institucionales que permitan garantizar que las personas mexicanas en el exterior puedan ejercer plenamente sus derechos”, subrayó.
Informó que las aportaciones de los y las especialistas y actores serán sistematizadas para integrar un informe con evidencia jurídica, empírica y especializada que será sometido a la Comisión y permitirá contar con mayores elementos a fin de formular recomendaciones de carácter regulatorio, reglamentario y de política pública, para hacerlas llegar a las dependencias competentes.
La diputada Roselia Suárez Montes de Oca (Morena) señaló que se busca que las trabajadoras y los trabajadores, así como las organizaciones, sean escuchadas en las instancias, en el tema de movilidad laboral, y se abra el diálogo. “Es importante sentarnos con la Secretaría de Gobernación, del Trabajo y Previsión Social, y la Secretaría de Relaciones Exteriores para encontrar soluciones, mecanismos de coordinación y una ruta de trabajo”.
Maribel Solache González, diputada de Morena, explicó que muchos mexicanos cruzan desde el país a trabajar en Estados Unidos, algunos regresan diariamente mientras otros se quedan varios días y vuelven a sus casas durante el fin de semana. Respecto al tema de los trabajadores temporales, agregó que no debe tratarse de manera aislada sino desde la protección consular y las instituciones involucradas.
La diputada Claudia Selene Ávila Flores (Morena) cuestionó las necesidades de los servicios consulares, pues no es la misma densidad de mexicanos que viven en Washington que los que hay en California o Las Vegas, Nevada, por lo que aseguró que se debe ampliar la red consular a partir de un diagnóstico para conocer las condiciones en las que se encuentran y una proyección de gastos.
En su intervención, Fátima Gabriela Ríos González, directora general de Movilidad Humana y Desarrollo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, mencionó que estos espacios permiten escuchar distintas perspectivas, intercambiar experiencias e identificar áreas de oportunidad para seguir construyendo mecanismos de movilidad cada vez más eficaces, ordenados y seguros en los que se coloque en el centro a las trabajadoras y los trabajadores migrantes.
Tema: Situación de los derechos de las personas mexicanas en situación de movilidad laboral
Al exponer el tema “La defensa efectiva de los derechos: el caso de trata de las personas trabajadoras migrantes”, Marissa Montes, directora de la Clínica de Justicia para Migrantes de Loyola, comentó que la mayoría de situaciones de reclutamiento se ha dado en comunidades campesinas, quienes son engañados por sus empleadores una vez que llegan a sus destinos bajo el argumento de un endeudamiento por concepto de transporte y visa, además de comida y alojamiento.
Rachel Micah‑Jones, directora ejecutiva del Centro de los Derechos del Migrante, acusó que los programas de visas H‑2 tienen fallas estructurales graves ya que facilitan el abuso y la explotación, sumado a que estas visas están atadas al empleador lo que crea un desbalance de poder, y otorga a los patrones el poder de revocar su autorización de trabajo y estatus migratorio.
Fátima Gabriela Ríos González, directora general de Movilidad Humana y Desarrollo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, refirió que para el gobierno de México la movilidad laboral ordenada, regular y segura constituye la base de la política pública que permite responder a las necesidades de los mercados laborales de la región al tiempo que genera oportunidades para las personas mexicanas y sus familias.
Además, la protección consular comprende la orientación sobre los derechos laborales, condiciones de trabajo, acceso a servicios y mecanismos disponibles para presentar quejas o solicitar asistencia.
Tema: Los Derechos Laborales en el contexto del T‑MEC
Rubén Hernández‑León, director del Instituto Latinoamericano en la Universidad de California en Los Ángeles, expuso que la migración mexicana hacia Estados Unidos no se ha detenido. Por el contrario, las vías para la estancia legal temporal se han ampliado a partir del sistema de visas H‑2 que es un programa de trabajadores migrantes temporales que abarca contratos tanto para empleos agrícolas como para ocupaciones no agrícolas.
Al hablar sobre la trata laboral en la migración de América del Norte y las visas temporales, Enrique González Araiza, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, resaltó que al llegar a su destino en ocasiones los trabajadores sufren la retención de sus documentos de identidad por parte de patrones o mayordomos, con el fin de evitar que abandonen el empleo; sufren inmovilidad laboral forzada la cual prohíbe que los trabajadores temporales se empleen con un patrón diferente al que los contrató, por incumplimiento de su contrato, entre otros.
Áaron Ortíz Santos, integrante de la firma Immigration Advocacy Law Group, consideró que durante mucho tiempo la reforma migratoria se ha quedado atrapada en proyectos de ley que nunca alcanzan los votos suficientes. “Podemos construir una reforma por módulos, un componente familiar, un componente para personas con residencia prolongada, para trabajadores esenciales, quienes llegaron siendo menores o por movilidad regional”.
Tema: Retos organizativos y el acompañamiento institucional
Al hablar sobre el acceso a la justicia, el mecanismo de respuesta laboral rápida y los trabajadores migrantes en el marco del T‑MEC, Daniel Rangel, de Rethink Trade del American Economic Liberties Project, advirtió que a pesar de que existen mecanismos de cumplimiento profesional muy ambiciosos, los y las trabajadores migrantes están desprotegidos, especialmente quienes están ubicados en EE. UU. y Canadá.
La presidenta del sindicato “United Farm Workers‑UFW”, Teresa Romero, apuntó que gente ha muerto porque empleadores no dan agua ni acceso a sombra, por lo que enfatizó que el querer ayudar a sus familias en sus países de origen no debe ser a costa de su salud o la vida. Puntualizó que se requieren soluciones que puedan ser implementadas tanto en México como en Estados Unidos para proteger a los y las trabajadores.
Max Correa Hernández, de la Central Campesina Cardenista de la UFCW‑Canadá, presentó una lista de recomendaciones, entre las que destacan eliminar los permisos de trabajo cerrados vinculados a un empleador específico y reformar el permiso abierto para trabajadores en situación de vulnerabilidad, además de garantizar la libertad y los derechos de negociación sindical.
Jorge Mújica, activista de derechos laborales, señaló que el Departamento del Trabajo de EE. UU. ha detectado que en el 70 % de auditorías a granjas con trabajadores con permiso H‑2A hay infracciones de salario y vivienda. Cuestionó el que haya quienes quieran regular el coyotaje que explota a las personas que desean ir a trabajar al vecino país.