Fernando Schütte Elguero
El cuerpo del soldado Eduardo Bustos, integrante de la Guardia Nacional, apareció descuartizado en una carretera de Guerrero. Junto a sus restos fueron localizados los de otras tres personas. Antes de morir, Bustos apareció en un video denunciando una presunta red de corrupción que involucraría a mandos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la fiscalía estatal y de distintas corporaciones policiales.
Las autoridades consideran que pudo haber sido obligado por delincuentes a realizar esas declaraciones. Es una hipótesis que debe investigarse, pero eso no cambia la realidad. La infiltración criminal en las instituciones sucede en muchos lugares y con una frecuencia mayor de la que desearíamos. Una declaración bajo coacción puede contener falsedades, verdades o una mezcla de ambas. Precisamente por eso, cada señalamiento debe investigarse y no simplemente descartarse.
Bustos habló de servidores públicos que presuntamente entregaban información a un grupo criminal, modificaban operativos y recibían pagos quincenales. Mencionó lugares, cantidades y formas de operación. ¿Quién investigará cada una de esas acusaciones? ¿La propia institución señalada? ¿La fiscalía mencionada en el video? ¿Quién garantizará que las pruebas no desaparezcan y que otros posibles testigos no terminen también asesinados?
No sabemos cuánto había de verdad en sus palabras. Lo que sí sabemos es que un integrante de una institución armada apareció convertido en pedazos después de formular acusaciones gravísimas. Eso, por sí solo, constituye una alarma de seguridad nacional.
Desmembrar cuerpos y abandonarlos en una carretera no es únicamente homicidio. Es terrorismo criminal. Se asesina a una persona, pero se busca aterrorizar a miles. El mensaje está dirigido a soldados, policías, funcionarios, periodistas y ciudadanos: esto puede ocurrirle a quien hable. El cuerpo mutilado se convierte en un instrumento de propaganda y control.
Mientras tanto, en Morelos se contabilizaron once homicidios en otra jornada de violencia. Once vidas perdidas en una entidad pequeña, situada a unos cuantos kilómetros de Palacio Nacional. Las estadísticas oficiales pueden registrar disminuciones porcentuales, pero ninguna gráfica explica por qué los asesinos siguen desplazándose con armas, vehículos, información y capacidad operativa. Tampoco explica quién los protege.
México está atrapado en un círculo vicioso: la corrupción genera impunidad; la impunidad produce inseguridad; la inseguridad fortalece al crimen organizado, y el crimen organizado compra, amenaza o infiltra nuevamente a las autoridades, produciendo todavía más corrupción. Corrupción, impunidad, inseguridad y otra vez corrupción. Un ciclo que se alimenta a sí mismo y destruye progresivamente al Estado.
Además, el ejemplo desciende desde las alturas del poder. Si los de arriba lo hacen y salen impunes, ¿por qué los de abajo no lo van a hacer? Cuando un funcionario observa que su superior roba, protege delincuentes o utiliza las instituciones para beneficio propio sin enfrentar consecuencias, entiende que la ley es solamente un discurso. La corrupción se convierte en método de ascenso y la honestidad, en un riesgo.
El problema ya no consiste únicamente en que existan policías o militares corruptos. La pregunta verdaderamente grave es si existen territorios donde segmentos del Estado trabajan para las organizaciones criminales. Si quienes deberían perseguirlas les entregan información, les permiten operar o atacan a sus adversarios, entonces ya no hablamos solamente de infiltración: hablamos de captura institucional.
¿En cuántos estados ocurre lo mismo? ¿Cuántos soldados y policías conocen redes semejantes y guardan silencio por miedo? ¿Cuántos mandos honestos han sido desplazados, amenazados o asesinados? ¿Cuántas investigaciones se archivan para proteger uniformes, cargos, negocios o carreras políticas?
México no puede seguir siendo un país de bandoleros, donde los criminales administran territorios, las autoridades administran la violencia, las fiscalías administran expedientes y las familias administran a sus muertos.
El asesinato de Eduardo Bustos exige una investigación independiente, exhaustiva y pública. No basta con detener a quienes abandonaron sus restos. Hay que saber quién ordenó matarlo, quién se benefició de su silencio y cuánto había de verdad en la red que describió.
Porque cuando un soldado denuncia la corrupción del Estado y después aparece descuartizado, el cuerpo que queda expuesto no es solamente el suyo. Es el del propio Estado mexicano.
@FSchutte
Consultor y Analista