La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que preside la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (Morena), aprobó un dictamen con punto de acuerdo, por el que solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP) continuar con el fortalecimiento e implementación de herramientas, mecanismos, programas y acciones encaminadas a garantizar el acceso efectivo a la educación indígena, intercultural y plurilingüe.
El exhorto plantea que estas acciones se realicen en todos los niveles educativos en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas y los institutos nacionales de los Pueblos Indígenas y de Lenguas Indígenas, así como con las instancias competentes.
Todo ello, indica, a fin de asegurar la pertinencia cultural y lingüística de los planes y programas de estudio, la enseñanza de lectura y escritura de la lengua indígena, así como la incorporación de los saberes, historia, conocimientos, tradiciones y cultura de los pueblos y comunidades, mediante procesos de participación y consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
El propósito de este exhorto, señala, es priorizar la educación básica que se imparte en escuelas localizadas en comunidades indígenas, toda vez que el Estado debe reconocer el derecho de los pueblos indígenas a establecer y controlar sus sistemas e instituciones educativas en todos los niveles que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje con perspectiva de género.
Asimismo, garantizar los sistemas educativos de los pueblos indígenas y que los planes y programas educativos reconozcan y promuevan todos los elementos que constituyen las culturas, lenguas e identidades de dichos pueblos, así como la promoción e implementación de sus derechos.
Opiniones en sentido positivo
Las y los integrantes de esta instancia legislativa también aprobaron cinco opiniones en sentido positivo a iniciativas. La primera plantea adicionar un artículo 108 bis al Código Nacional de Procedimientos Penales para que cuando una persona indígena sujeta a un procedimiento penal no comprenda o no hable el idioma español, la autoridad ministerial o judicial deba agotar los medios para garantizarle la asistencia de intérprete.
Además, solicitar a las instituciones oficiales, estatales o federales, la asignación de una persona intérprete certificada; designar a una persona intérprete práctica respaldada por la comunidad o de la que se tengan elementos para determinar que conoce la lengua y la cultura de la persona indígena.
La segunda busca adicionar el artículo 77 Bis 47 al Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, con el objetivo de garantizar el enfoque intercultural en los niveles de atención, procurando la atención de traductores e intérpretes.
La tercera propone reformar los artículos 31, 59 y 62 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de incluir que los hablantes de lenguas indígenas puedan hacer uso de la voz en el salón de sesiones.
La cuarta tiene como propósito reformar diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y, con ello, garantizar el respeto a los elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas en la promoción y desarrollo de la actividad turística en todo el territorio nacional.
La quinta opinión es a la iniciativa que reforma el artículo 134 de la Constitución Política para estipular que, tratándose de los recursos federalizados administrados directamente por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, los procesos de adquisición, arrendamiento, contratación de servicios y ejecución de obra pública se realizarán bajo sus propios sistemas normativos internos y formas de organización comunitaria, económica y social, garantizando esquemas participativos y de rendición de cuentas culturalmente pertinentes de conformidad con las leyes aplicables.
Al respecto, su promovente la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) indicó que esta iniciativa es producto de su andar por los pueblos y comunidades indígenas, por lo que pidió a las y los legisladores su apoyo para que se sienten las bases constitucionales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para que trascienda más allá de este sexenio.
Opiniones en sentido negativo
Por otra parte, la Comisión emitió opinión en sentido negativo de las iniciativas que planteaban adicionar una fracción XIV al apartado A del artículo 2° de la Constitución Política, en materia del derecho permanente a la representación política de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y una más, proponía reformar el artículo 1° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Previamente, aprobaron su informe semestral y su programa anual de trabajo.
Asuntos generales
La diputada Cruz Jiménez señaló que en algunas consultas sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, hay mucha inconformidad de las comunidades porque se les discrimina al no dejarlos acceder a estos foros. “Y espero que lo que se ha aportado se pueda plasmar en la ley”.
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena) hizo mención de que este fin de semana se concluyeron en Chiapas los trabajos de los encuentros, foros o consultas y muchas personas que no llegaron pretenden presentar una propuesta para enriquecer la iniciativa de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. “Todos debemos hacer el esfuerzo de escuchar a la gente y armonizar las legislaciones para que tenga una mejor vida”.
La presidenta de la Comisión comentó que firmó un convenio con la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, el cual busca que las y los jóvenes puedan asistir a la Cámara de Diputados a hablar sobre su cosmovisión y cómo se están integrando a estos trabajos. “Hoy nos acompaña Maggie Heygie Peralta”, hablante de lengua Chatino.
Maggie Heygie Peralta agradeció la invitación a la Cámara de Diputados. “Gracias por firmar este convenio y darme la oportunidad de estar en la Ciudad de México”.