Diputados perfilan aplazar hasta 2030 la justicia oral en juicios civiles y familiares. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia advierte que eso impacta a la sociedad y anuncia un plan gradual con medidas inmediatas.
Oaxaca de Juárez, Oax., 8 de octubre de 2026.- El Poder Judicial de Oaxaca no esperará a 2030 para atacar el rezago en los juicios civiles y familiares. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó esta semana el dictamen que recorre del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2030 la aplicación forzosa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Erika María Rodríguez Rodríguez, advirtió que ese aplazamiento conlleva un impacto negativo en la sociedad. El dictamen todavía debe votarse en el pleno.
El plazo adicional no aligera la tarea del estado, que debe pasar del expediente escrito a la audiencia oral. “Pareciera que este aplazamiento nos permitirá a los Poderes Judiciales de las entidades federativas un mayor tiempo para gestionar y aplicar las acciones tendientes a la implementación, pero en realidad el desafío es de proporciones mayores en el caso de Oaxaca: no solo estructurales y de tecnología, sino incluso humanos a través de la contratación de más personal jurisdiccional”, dijo.
{/ “El desafío es de proporciones mayores en el caso de Oaxaca” /}
De ahí el plan gradual que plantea el Tribunal. El rezago se atenderá con la Comisión para la Implementación del CNPCyF del Poder Judicial de Oaxaca, que preside el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, y que deberá proponer alternativas de solución inmediata para abatir las cargas jurisdiccionales. “Estamos conscientes que el mayor reclamo social es el rezago judicial”, admitió la magistrada. Aun con la prórroga, la institución concluirá su plataforma de digitalización de documentos y buscará coordinarse con el Poder Judicial Federal para acceder a herramientas de justicia digital.
Lo demás depende de recursos. Habilitar salas de audiencia oral, mejorar la conectividad y fortalecer la plantilla de personal jurisdiccional requiere gestiones ante las instancias correspondientes, y Rodríguez Rodríguez pidió que las reformas y las disposiciones presupuestales consideren las condiciones particulares de entidades como Oaxaca. La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) lleva ese trabajo de análisis, propuestas legislativas y gestión presupuestal ante el Congreso de la Unión.
La próxima elección judicial abre otro riesgo: que las personas juzgadoras de primera y segunda instancia sean removidas en su totalidad, lo que dejaría en total incertidumbre la operación de los procesos civiles y familiares. “Desde la Presidencia se reconoce la labor y experiencia de la carrera judicial, siendo los operadores actuales los que deben, en su mayoría, navegar esta transición de lo escrito a la oralidad”, puntualizó.