Fernando Schütte Elguero
La seguridad pública no puede convertirse en instrumento de un partido, de un gobierno ni de una disputa electoral. Cuando los políticos manipulan las instituciones, alteran sus decisiones por conveniencia o las utilizan para golpear a sus adversarios, la seguridad deja de servir a la sociedad. Pierde confianza, eficacia y legitimidad.
Esto no significa que las autoridades electas deban mantenerse al margen. A ellas les corresponde definir prioridades, asignar recursos y exigir resultados. Pero hay una diferencia fundamental entre conducir una política pública y torcer el trabajo operativo para obtener una ventaja política. La primera es una responsabilidad democrática; la segunda debilita al Estado.
La seguridad pública requiere profesionalismo, continuidad y criterios técnicos. Una investigación debe avanzar por sus méritos, no por el cálculo de a quién beneficia o perjudica. Una policía debe proteger a las personas, no obedecer consignas partidistas. Una fiscalía debe investigar con independencia y cada autoridad debe rendir cuentas conforme a la ley. Si cada cambio de gobierno altera mandos, estrategias y prioridades sin evaluación ni continuidad, se desperdicia experiencia y la ciudadanía queda expuesta a la improvisación.
También se destruye confianza cuando la seguridad se comunica como propaganda. Con demasiada frecuencia, los gobiernos presentan las cifras de manera que favorezca la evaluación de su gestión: seleccionan periodos, categorías o indicadores que muestran una mejoría, mientras otros datos y problemas quedan fuera de la conversación. Maquillar las cifras puede producir un alivio político momentáneo, pero no reduce la violencia ni resuelve sus causas.
Lo que no se mide no puede corregirse. Pero aquello que se mide mal también conduce al fracaso: si los indicadores minimizan la dimensión de un delito, ocultan diferencias entre regiones o confunden una reducción estadística con una mejora real, el diagnóstico será equivocado. Y cuando el diagnóstico se distorsiona, también se distorsiona la solución. Se asignan recursos insuficientes, se atienden síntomas en vez de causas y se deja sin apoyo a las instituciones que más lo necesitan. No se puede corregir un problema que se presenta de forma incompleta ni exigir resultados con recursos calculados sobre una realidad falsa.
La transparencia estadística no es un asunto técnico menor. Es una obligación pública. Las cifras deben construirse con metodologías claras, comparables y verificables; sus límites deben explicarse y las discrepancias investigarse. Reconocer un dato favorable es legítimo, siempre que no se use para ocultar otros indicadores ni para dar por resuelto un problema que persiste.
El daño alcanza a quienes trabajan en las instituciones. Policías, investigadores, ministerios públicos y peritos necesitan preparación, reglas claras, respaldo y supervisión. No pueden ser tratados como piezas desechables de una estrategia de comunicación ni como responsables automáticos de fallas que también dependen de la falta de recursos, coordinación y controles. Exigirles resultados sin ofrecerles condiciones adecuadas es injusto; permitir abusos sin investigar también lo es.
La seguridad nacional exige el mismo respeto institucional. El Ejército y la Marina son pilares fundamentales de la defensa del país y del resguardo de su soberanía. Su disciplina, preparación y lealtad institucional no deben ponerse al servicio de intereses partidistas ni desgastarse en disputas políticas. Su actuación requiere conducción constitucional, objetivos definidos y rendición de cuentas dentro del marco legal. Respetar a las Fuerzas Armadas implica reconocer su función y preservar su carácter institucional.
Politizar la seguridad no consiste únicamente en cambiar un discurso o una consigna. También ocurre cuando se presiona para detener una investigación, se usa información reservada contra un adversario, se premian lealtades personales por encima de capacidades o se modifica una estrategia para que coincida con el calendario electoral. A veces sucede abiertamente; otras, mediante nombramientos, silencios o instrucciones informales. El mensaje es el mismo: la institución responde al poder de turno, no a la ley ni a la ciudadanía.
Un país necesita conducción política, pero también límites. La seguridad pública y la nacional no pueden depender de simpatías, venganzas ni conveniencias coyunturales. Requieren instituciones profesionales, controles democráticos, coordinación entre autoridades y una política de Estado que sobreviva a los cambios de gobierno.
Cuando la seguridad se politiza, la sociedad queda atrapada entre la violencia criminal y la utilización política de las instituciones encargadas de protegerla. Defender la seguridad significa preservar su profesionalismo, medir con honestidad la dimensión de los problemas y asegurar que los recursos respondan a las necesidades reales. El poder puede cambiar de manos; la obligación de proteger a la población permanece.
@FSchutte
Consultor y Analista